Injerencia política
La controvertida renovación del Consejo General del Poder Judicial pactada por el PSOE y el PP tras dos años de gobierno interino ha coincidido con la polémica suscitada por la decisión de los vocales salientes de limitar a una multa de 1.500 euros la sanción al juez Tirado por desatender sus deberes en el 'caso Mari Luz'. Que la última decisión relevante que adoptará el actual Consejo haya despertado tan profunda incomprensión en la sociedad constituye un involuntario símbolo del deterioro que ha sufrido la institución tras un mandato caracterizado por los desencuentros internos y las acusaciones de politización. Pero también de la preocupante lejanía con que muchos ciudadanos perciben la actuación de los tribunales y de quienes han de velar por su adecuado funcionamiento. La adecuación del castigo impuesto al magistrado sevillano a las previsiones legales, la sospecha de que trata de atribuírsele toda la responsabilidad en la cadena de errores que propició que el presunto asesino de Mari Luz estuviera en libertad de forma indebida y el retraso endémico que aqueja a la Justicia española no deberían llevar a los jueces a disculpar las consecuencias de unos despropósitos que desembocaron en la muerte de una niña supuestamente a manos de un pederasta reincidente.
Actualizado: GuardarEl descontento que ha provocado la iniciativa del CGPJ no justifica, sin embargo, la desconsideración hacia la misma y hacia la independencia de criterio del órgano que han exhibido tanto el Gobierno como la oposición al exigir el endurecimiento de una sanción que corresponderá revisar al nuevo Consejo. El indisimulado partidismo con que se ha zanjado la renovación del Poder Judicial obliga aun más si cabe a las fuerzas políticas a abstenerse de interferir en las decisiones que competen en exclusiva a los vocales, ante el riesgo de que su independencia quede definitivamente en entredicho antes incluso de que tomen posesión. En este sentido, las declaraciones del ministro Fernández Bermejo sugiriendo otra reforma de la Ley para que las Cortes puedan pronunciarse sobre un cupo de candidatos judiciales al CGPJ mayor que el actual no sólo identifica interesadamente el pluralismo con la adscripción a determinadas asociaciones, lo que explicaría que el Consejo recién elegido no cuente con un solo vocal no afiliado. Resultan, sobre todo, incoherentes con la renuncia tanto del PSOE como del PP a procurar unas designaciones menos condicionadas por las afinidades partidarias.
