Al menos ocho muertos en Bolivia tras el choque armado entre partidarios y detractores de Evo Morales

Al menos ocho personas han muerto en Bolivia en un choque armado entre opositores y afines al presidente Evo Morales dentro de la ola de violencia que vive por tercer día consecutivo el país, azotado por las protestas contra el Gobierno en varias regiones autonomistas y que hoy ha vivido el enfrentamiento más grave en las cercanías de la norteña y amazónica ciudad de Cobija (capital regional de Pando).

Un ingeniero de la Prefectura de Pando, un concejal de la localidad de Porvenir y dos campesinos han muerto en el enfrentamiento, según el primer informe del Gobierno que horas más tarde elevó a ocho el número de muertos, sin descartar que haya más víctimas. Además, unas 30 personas han resultado heridas en el enfrentamiento.

La tensión en Bolivia ha cristalizado en una violenta jornada por la radicalización de la ola de protestas emprendida por los opositores de Morales en cinco regiones del sureste del país. Los dirigentes de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, reclaman autogobierno para sus territorios y se oponen a la nueva Constitución con la que Morales quiere refundar Bolivia.

Situación «incontrolable» y «anárquica» en las calles

El prefecto de Pando, el opositor Leopoldo Fernández, ha admitido en declaraciones a un canal de televisión que la situación en su región es "incontrolable", "escapa al control de las autoridades" y ha asegurado que se ha instaurado el "caos y anarquía".

Los radicales autonomistas también han tomado varias instalaciones gasísticas del sureste boliviano y provocaron una importante restricción en el envío del energético hacia Brasil que luego se solventó, garantizando la exportación de gas hacia el país vecino al 90 por ciento. Sin embargo, la exportación de gas hacia Argentina, unos dos millones de metros cúbicos diarios, fue cortada totalmente esta mañana debido a la ocupación de una planta en el departamento de Tarija (sur) por parte de los manifestantes.

Un conflicto que no sólo se dirime en las calles y que se ha extendido hasta crear una nueva crisis diplomática con washington tras declarar Morales 'persona non grata' al embajador de EEUU en Bolivia, al que acusa de instigar la oposición, una afrenta que ha recibido como respuesta la expulsión del embajador boliviano en Washington.

Dos semanas de protestas

Las protestas contra el Gobierno de Morales se iniciaron hace más de dos semanas cuando los prefectos (gobernadores) y dirigentes cívicos de las regiones de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca anunciaron medidas de presión para exigir la devolución de una renta petrolera que antes recibían sus regiones y que el Gobierno recortó en enero para pagar ayudas directas a la tercera edad. Estos opositores coinciden, además, en reclamar un régimen autonómico para sus regiones y en su rechazo frontal a la nueva Constitución con la que Morales pretende refundar Bolivia .

En un principio, las protestas consistieron básicamente en cortes de carreteras nacionales e internacionales, pero el pasado martes se radicalizaron en la ciudad oriental de Santa Cruz, con la toma de instituciones públicas que derivaron en auténticos saqueos. La violencia llegó también a la región de Tarija en la segunda jornada de disturbios, cuando se concretaron las amenazas de atacar las instalaciones gasísticas con un "atentado", según lo definió el Gobierno, contra una conducción que restringió los envíos a Brasil en un diez por ciento.

La creciente tensión que vive Bolivia no ha servido para que el Gobierno y sus opositores entablen un diálogo y las posturas están cada vez están más enfrentadas. El Gobierno denuncia que los autonomistas, y concretamente los "terratenientes" del oriente boliviano, están perpetrando un atípico golpe de estado civil contra la democracia, al tiempo que insiste en que no responderá con violencia a las provocaciones, porque eso es lo que están buscando los opositores. No obstante, Morales ha advertido de que "la paciencia tiene límites".

Por su parte, los dirigentes autonomistas responsabilizan al Gobierno de la situación por no reconocer las reivindicaciones de estas regiones y lo acusan de haber actuado con violencia ante las protestas de los últimos días. El Gobierno reforzó la presencia policial y militar en algunas zonas, principalmente en las instalaciones hidrocarburíferas, e intervino con gases, en algunos momentos, pero también se replegó para evitar mayores enfrentamientos.