Cierre de fronteras

El compromiso con unas políticas de inmigración generosas y laxas han sido durante los últimos ocho años una de las señas de identidad que ha diferenciado más claramente al PSOE y al PP. Más aún: la permisividad en el reconocimiento de los emigrantes sin papeles llegó a tal punto con Zapatero que llegó a ser denunciada por los Gobiernos de Francia y Alemania por considerarla contradictoria con la normativa de la UE. Para los miembros de la Unión más sensibles a los movimientos migratorios, las prácticas de España en este campo hacían imposible la integración. Por supuesto eran coincidentes con la interpretación de las normas de la Unión que había venido defendiendo el PP.

Es verdad que aunque el Gobierno de Zapatero ha continuado manteniendo la retórica social, en la última etapa de la legislatura pasada había comenzado a implantar políticas más restrictivas. Había llegado a concertaciones con países del Norte de África y a la contratación de emigrantes en los países de origen. Aun así, nadie habría podido sospechar que un ministro de Zapatero llegara a defender una política de tan extrema dureza como la que ha explicado Corbacho hace unos días. Sería insensato, vino a decir, que un país con dos millones y medio de parados siguiera aceptando trabajadores extranjeros. Y prosiguió: únicamente en casos excepcionales cabrá la contratación de emigrantes en lugar de origen.

De todas las medidas posibles a la vista de la actual crisis económica era difícil imaginar unas tan drásticas como las anunciadas por Corbacho. De ser aplicadas el coste ideológico puede ser muy alto, aunque no tanto el electoral. Es muy posible que los propios votantes socialistas lleguen a ser muy comprensivos con el Gobierno de Zapatero en este punto. Incluso algunos podrían considerarlo un sacrificio histórico. Lo que habría resultado insoportable en el caso de que lo hubiera hecho la derecha, puede ser tomado como una prueba del sentido de responsabilidad de la izquierda.