El Gobierno promete el «máximo consenso» en la reforma del aborto

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de La Vega, prometió ayer que el debate sobre la nueva Ley del Aborto se llevará a cabo de forma serena, «sin dogmas ni posiciones previas» que lo enturbien.

El Ejecutivo sabe que al poner en marcha esta iniciativa pisa un terreno «complejo», pero tras mucho debate interno ha decidido que es hora de volver a regular la interrupción voluntaria del embarazo porque la norma actual resulta excesivamente vaga y, además, no garantiza la seguridad de la mujer ni de los profesionales sanitarios.

Pero la mera mención de la palabra aborto levanta aún muchas ampollas en la sociedad española. «Todo el mundo debe tener la tranquilidad de que va a ser escuchado y de que se va buscar el máximo consenso», insistió De La Vega.

Las posturas en el Congreso de los Diputados son muy dispares. Las formaciones a la izquierda del PSOE, como Esquerra Republicana de Catalunya o Izquierda Unida, abogan por el aborto libre y gratuito. Esto es, una ley de plazos en la que, en palabras de Gaspar Llamazares, la mujer sea la única que decida en las primeras semanas del embarazo sobre si tiene o no el niño que espera.

Nadie más en la Cámara Baja se pronuncia tan abiertamente a favor de la despenalización sin más de las prácticas abortivas. De hecho, está aún por ver cuál es la opinión mayoritaria al respecto en el seno del partido socialista.

Las discusiones mantenidas para la elaboración del programa electoral de las generales de marzo, primero, y en el 37 congreso del partido después, hacen pensar que el Gobierno se decantará por un sistema mixto.

Son varios los países europeos -Francia, Grecia, Polonia, Alemania, Bélgica o Austria- que combinan el aborto libre en los primeros días del embrión con una serie de indicaciones para casos específicos como los que contempla la ley de 1985: violación, malformaciones en el feto o peligro para la salud física o psíquica de la madre.

En Dinamarca, Finlandia, Suecia u Holanda se puede abortar sin restricciones durante los tres primeros meses de gestación (hasta 24 semanas en el caso holandés).

Pero la vicepresidenta eludió pronunciarse sobre sus preferencias y se escudó en que son «los expertos» y las Cortes quienes deben decir qué es lo más conveniente.

Por la subcomisión parlamentaria pasarán todas aquellas personas a las que los grupos consideren conveniente oír antes de elaborar, en seis meses, sus recomendaciones. Será en este foro donde el debate ético brillará sobre el meramente médico y jurídico. Más que en la comisión gubernamental de perfil técnico y sesgo progresista que el jueves puso en marcha la ministra de Igualdad, Bibiana Aido.

Límite constitucional

El Gobierno se ha mantenido hasta ahora al margen de disquisiciones morales. Ni ha hablado ni juzga necesario hacerlo, por el momento, con las autoridades eclesiales, cuya oposición a la nueva ley considera inevitable.

La vicepresidenta primera pasó por alto el mensaje reprobatorio del prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cardenal William Joseph Levada, y dejó claro que sólo atenderá a un límite que tiene poco que ver con la doctrina de la Iglesia. «Como Gobierno, lo que queremos es garantizar mejor los derechos de las personas y lo haremos siempre en el ámbito de nuestra Constitución», subrayó.

Los límites constitucionales al aborto son también una cuestión controvertida. Sólo hay una sentencia del Tribunal Constitucional al respecto. Data de 1985 y restringió la ley de supuestos que aún está en vigor. Esa doctrina, que para algunos juristas impide una ley de plazos, considera al no nato un bien que merece protección jurídica, pero carente del derecho fundamental a la vida.

El PSOE se ha hecho la zancadilla a sí mismo cuando ha abogado por cambiar la ley. Ahora, el Gobierno está obligado a ofrecer resultados. «La norma actual ha quedado superada por los acontecimientos, algunos de sus términos resultan ambiguos», justificó la vicepresidenta.