Diálogo de sorodos autonómicos
Como era de prever, la interminable sesión parlamentaria del jueves, en que el vicepresidente Solbes compareció para debatir la financiación autonómica, resultó un diálogo de sordos perfectamente inútil. Y la razón era perfectamente clara de antemano: frente al ministro se situaban los representantes de intereses muy diversos que, como es lógico, mantienen sus posiciones particulares hasta que tenga lugar la verdadera negociación, que no ha de ser tanto parlamentaria cuanto técnica, y en su sede natural: el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Quien deberá entonces compatibilizar las diferentes posiciones y ponerlas, en lo posible, de acuerdo será el representante del Estado, es decir, en propio Solbes, y cualquier claudicación anterior de una de las partes supondría una pérdida de peso en esta reunión a cara de perro que se avecina.
Actualizado: GuardarLos intereses en pugna son conocidos: de un lado, las comunidades más extensas y menos pobladasquieren que influyan en el reparto de los recursos la extensión territorial, la dispersión geográfica y la edad promedio, en tanto las más pobladas y ricas quieren que la población sea el factor determinante. Finalmente, Cataluña, que gestiona ambiguas pretensiones soberanistas, exige que su financiación sea negociada bilateralmente, lo que es constitucionalmente posible sólo si después lo acordado recibe el refrendo multilateral y se plasma en la correspondiente reforma de la Ley Orgánica de Financiación, que el propio Tribunal Constitucional considera por encima de los Estatutos de Autonomía, que tienen sin embargo su mismo rango. Por supuesto, y en definitiva, todas las comunidades aspiran a conseguir más recursos para financiar mejor sus competencias, por lo que existe una tensión común entre ellas y quien represente a la Administración Central, Solbes en este caso.
El problema mayúsculo de la actual coyuntura es obvio: la crisis económica, que ha trocado el superávit en déficit y ha limitado por tanto drásticamente la disponibilidad de recursos. Es hasta irritante observar que las exigencias de las autonomías se mantienen impertérritas como si nada estuviera ocurriendo. Y que se desentienden del hecho cuasi dramático de que los ingresos fiscales del Estado hayan caído en unos meses el 10%. En estas circunstancias, es fácil de entender el desahogo de Solbes al afirmar que no es concebible que las comunidades autónomas, que tienen capacidad normativa en numerosos ámbitos, se dediquen alegremente a bajar impuestos mientras endurecen sus exigencias. En definitiva, no conduce a nada seguir manteniendo este debate político a plena luz cuando ya se conocen de sobra todas las posiciones respectivas. Lo conveniente es comenzar cuanto antes la discusión técnica, con el mayor realismo posible, teniendo en cuenta no sólo la necesidad de acomodar todas las demandas entre sí sino la situación crítica que vive este país y que obliga a todas las administraciones a ajustarse a las disponibilidades reales.
