Editorial

Evitar la confusión

Las dificultades existentes para proceder a la identificación de las víctimas del accidente de Barajas y la constatación de que las investigaciones tardarán en ofrecer conclusiones definitivas obligan a manejar con suma cautela las largas jornadas de incertidumbre que aún deberán afrontar los supervivientes y las familias de los 154 fallecidos. La confusión que envolvió las horas posteriores a la tragedia se explica por sus dramáticas consecuencias. Pero esa comprensible turbación no puede instalarse bajo ningún concepto en quienes tienen responsabilidades en la gestión del drama, en la adecuada atención a los damnificados y en la determinación de los motivos del siniestro. Lo que significa esforzarse en que cada información que se transmita a la opinión pública no avive el dolor de las víctimas ni el desconcierto de la ciudadanía.

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Las afirmaciones del Gobierno que daban por finalizadas para el fin de semana la entrega de todos los cuerpos han constituido un gesto de innecesario apresuramiento que no debería enturbiar la confianza en la titánica labor de los equipos forenses. Del mismo modo, las críticas vertidas ayer por el Ejecutivo y, particularmente, por el presidente de Canarias contra el comportamiento de Spanair justo tras el desastre suponen una censura tardía que no alivia ya el desasosiego de los deudos y que ahora sólo puede dañar el minado crédito de la compañía. Aviación Civil confirmó que la empresa ha superado satisfactoriamente un centenar de inspecciones en lo que va de año, un dato que confirma su fiabilidad pero que no resulta concluyente para clarificar qué ocurrió el fatídico día del accidente. Junto a ello, la reivindicación por parte del organismo oficial de la seguridad aérea en nuestro país, al tiempo que admitía que el sistema de inspecciones es perfectible, introduce un factor de vaguedad que no contribuye a delimitar las prioridades de la investigación. Porque es el esclarecimiento de las causas lo que permitirá conocer si el accidente era evitable o no, acotar las eventuales responsabilidades y discernir si existen fallas en las revisiones y el mantenimiento de los aviones que parten de los aeropuertos españoles. Pero para ello es preciso que las dos investigaciones abiertas -la judicial y la de la comisión técnica- trabajen de forma engrasada, evitando disfunciones como la que ha llevado al magistrado a tener que pedir el vídeo del accidente cuyo contenido ya se había aireado públicamente.