EL COMENTARIO

Las eléctricas entierran el futuro nuclear

El pasado día 17 de agosto, el Consejo de Seguridad Nuclear(CSN) -que es el regulador independiente responsable ante el Parlamento de dicha actividad de generación eléctrica- proponía al Ministerio de Industria sancionar con una multa de entre 9 y 22 millones de euros a los propietarios de la central de Ascó, en Tarragona, por cuatro infracciones graves y dos leves cuando tuvieron lugar los incidentes del pasado noviembre que, según el CSN, consistieron en la «emisión radioactiva con potencial de superación del límite anual de dosis para miembros del público en el doble vallado de la central». Además, se culpa a los responsables de la instalación del «incumplimiento del Manual de Protección Radiológica y del Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes», y de no establecer el control de contaminación externa del personal una vez descubierta la contaminación del emplazamiento. La central de Ascó es propiedad de Nuclear Ascó Vandellós (ANAV) un consorcio formado por Endesa e Iberdrola.

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El pasado domingo, la central nuclear de Vandellós II, también en Tarragona, sufrió un grave incendio en la sala de turbinas, de origen desconocido hasta el momento y que obligará a que se mantenga inactiva largo tiempo. El CSN tuvo que activar el protocolo de alarma de la central, aun antes de que ésta diera el correspondiente aviso al consejo. El siniestro es particularmente alarmante, dado que dichas turbinas están refrigeradas por hidrógeno, muy inflamable. Esta misma central ya registró una un incidente grave en agosto de 2004, en la que la planta ocultó información y fue multada con 1,6 millones de euros. Esta central es propiedad del mismo consorcio.

ANAV, jurídicamente una filial de Endesa e Iberdrola que gestiona Ascó I y II y Vandellós II (en la práctica, es Endesa la que organiza la explotación) es, objetivamente, un modelo de mala gestión, cuyo principal fracaso fue la obligada clausura de Vandellós I en 1989, cuando un incendio en la sala de turbinas se extendió por la planta, que actualmente se está desmantelando. Las críticas de las organizaciones ecologistas, enemigas de la energía nuclear, encuentran en los sucesivos fallos y dejaciones de esta empresa un fundamento difícilmente rebatible, que llega sin duda a la opinión pública y contribuye a forjar una irracional animadversión hacia dicha forma de generación, que firmó en Chernobil algo muy parecido a su sentencia de muerte.

El debate nuclear se ha reabierto en todo el mundo a causa de los precios exorbitantes del crudo de petróleo y de la excesiva dependencia energética de muchos países occidentales, que están en manos de terceros para satisfacer sus necesidades básicas.

Centroeuropa depende de Rusia y del Próximo Oriente y España, cuya dependencia era en 2005 del 85,1% según Eurostat, está a merced sobre todo de los suministros del Norte de África. Además, la energía nuclear no expulsa anhídrido carbónico a la atmósfera por lo que no contribuye al efecto invernadero, supuestamente causante del cambio climático, lo que le concede un indudable atractivo.

Habrá que tomar decisiones sobre el cierre o el alargamiento de la vida de las centrales que están a punto de cumplir su ciclo. Las centrales nucleares actualmente producen el 20% de la energía eléctrica de nuestro país, con lo que se dispararía todavía más nuestra dependencia energética. Tal decisión agravaría la paradoja de que nuestro país, oficialmente hostil todavía a la energía nuclear, debería incrementar las compras de electricidad a Francia, cuando dicha electricidad transpirenaica es casi totalmente de origen nuclear.

Se entiende mal la frivolidad de Endesa y de Iberdrola en este asunto, máxime cuando ambas compañías invierten ingentes cantidades de dinero en publicidad que enfatiza sus preocupaciones ecologistas. La opinión técnica de este país es mayoritariamente favorable a la prolongación de la vida de las centrales hoy operativas, con las debidas garantías de seguridad, pero será muy difícil sacar adelante tal iniciativa política en tanto ANAV siga por el arriesgado camino del despropósito y de la ineficiencia.

La construcción de centrales no sólo requiere decisiones políticas, sino también una exorbitante financiación a largo plazo, cuyo logro depende de la confianza que inspiren el marco normativo y la solvencia del sector eléctrico. De momento, en las condiciones actuales, sería imposible encontrar a quien pusiera su dinero en manos de tanta incompetencia.