Gecosol asegura que su personal supera la ratio exigida por la normativa

Los servicios prestados por el centro para mayores Gecosol Puertoluz llevan varios días puestos en duda e incluso recibiendo denuncias por parte de los familiares de los residentes. La situación vivió su momento más álgido cuando el pasado jueves tuvo que intervenir la Policía Nacional para calmar los ánimos entre responsables y residentes.

Ahora, la empresa ha querido expresar mediante un comunicado que aunque Gecosol Puertoluz lleva abierto desde el año 2005, «no es hasta mediados del año 2007 cuando, a través de la nueva gestora, cambia el concepto de residencia de lujo para válidos a residencia de asistidos». Esto ha provocado que pasen de una ocupación de 27 a los actuales 136; «todo ello al amparo de la ley de dependencia».

Debido a que la mayor parte de las quejas se refieren a la falta de empleados que trae como consecuencia una mala atención de los ancianos, la empresa informó que «actualmente tenemos 70 empleados a jornada completa». Teniendo en cuenta que la ratio de personal por residente exigida por la normativa es de 0,5 por persona, «estamos por encima y constituye nuestra filosofía de servicio para la ejecución de nuestros protocolos de asistencia».

El personal se compone, entre otros especialistas, de un médico, seis ATS, dos fisioterapeutas, un trabajador social, una psicóloga, una terapeuta ocupacional y 28 auxiliares de clínica.

En cuanto a las denuncias interpuestas, «durante estos años han pasado por el centro 348 residentes y su grado de satisfacción ha sido elevado, exceptuando la familia del señor García y la señora Aullen». «A nuestro entender la familia García ha magnificado las lesiones derivadas de su patología y de su condición de gran dependiente», comunicó la empresa, que además, puntualiza que «con la señora Aullen se cumplieron todos los protocolos de recepción y atención».

Tras las denuncias, la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta «ha realizado las correspondientes actuaciones inspectoras, no viendo indicios de mala praxis».

Por último, Gecosol considera que «el ataque mediático instigado por estas dos familias que estamos sufriendo es desproporcionado», toda vez que el pasado jueves adquirió una nueva dimensión con la presencia de las cámaras de televisión.

Toda esta alarma social, según la empresa, está afectando negativamente a los residentes, sus familias, trabajadores y demás personas involucradas, «haciendo peligrar los puestos de trabajo creados y la atención prestada».

Así pues, la empresa queda a la espera de las distintas resoluciones administrativas y judiciales «para, inmediatamente, ejercitar las acciones penales y civiles que nos competan».