Zapatero hurta al Congreso el debate sobre la financiación autonómica

El Gobierno ganó ayer la primera batalla parlamentaria del nuevo curso político, antes incluso de que el Congreso abra de nuevo sus puertas. Gracias a una negociación a varias bandas, José Luis Rodríguez Zapatero se libra de comparecer ante el pleno de la cámara baja, como pretendía Iniciativa per Catalunya con el apoyo de toda la oposición, para debatir con los grupos parlamentarios el nuevo modelo de financiación autonómica.

Un pacto alcanzado por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y el consejero de Gobernación de la Generalitat, Joan Saura (ICV), escamoteó al Parlamento el debate público sobre una reforma que siempre se ha negociado en el ámbito de las relaciones entre gobiernos central y autonómicos y en las bambalinas de las conversaciones de las fuerzas políticas.

Iniciativa retiró la petición de comparecencia del presidente del Gobierno, que iba a debatirse hoy en la Diputación Permanente de la cámara baja, a cambio de un nuevo compromiso gubernamental para cerrar un acuerdo sobre la financiación catalana antes de diciembre. Además, aceptó que sea el vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes, quien dé explicaciones sobre las negociaciones y su estrategia ante la comisión de Economía del Congreso el próximo 28 de agosto.

Tres meses

La propuesta final sobre el nuevo modelo de financiación autonómica tendrá que estar cerrada «antes de tres meses», según afirmó Saura al explicar el acuerdo alcanzado con Fernández de la Vega.

Este «pacto definitivo» habrá de ser «acorde con el Estatut de Catalunya y el resto de estatutos», tal y como establece el comunicado oficial que hizo público ayer Iniciativa.

El protagonismo de Saura en la presentación de este pacto, que no supone más que una ratificación de los planes previstos para que el nuevo modelo de financiación entre en vigor en 2009, es el precio que han tenido que pagar los socialistas para resolver el enredo en el que había colocado la negociación la iniciativa del diputado de ICV Joan Herrera.

La pretensión de Herrera de llevar a Rodríguez Zapatero a dar explicaciones sobre la financiación autonómica ante el pleno del Congreso provocó la alarma y el malestar no sólo del Gobierno central, sino de los socios de ICV en el tripartito catalán.

La Generalitat, el PSC y ERC, así como CiU, consideraron la iniciativa «inoportuna» además de perjudicial para la marcha de las negociaciones que mantienen los gobiernos de España y Cataluña. Sin embargo, tanto CiU como Esquerra se vieron arrastrados a votar a favor de la propuesta en el Congreso que, con los votos de los restantes partidos de la oposición, tenía todos los visos de prosperar.

El grupo parlamentario socialista hizo un primer intento para buscar apoyos al rechazo de la iniciativa entre los grupos de la oposición, pero comprobó que era una misión imposible. Fuentes del PSOE aseguran que en ningún momento se planteó ceder a las presiones y pedir la comparecencia voluntaria del presidente. «Por coherencia, estábamos dispuestos a ir a la diputación a perder la votación», asegura un miembro de la dirección del grupo socialista.

Riesgos del debate

Aunque CiU se veía abocada a votar a favor de que se celebrase el debate parlamentario, sus diputados en el Congreso no ocultaban en privado su disconformidad con la idea que atribuyeron a Herrera en solitario.

«Actuó por libre sin contar con Saura ni con (José) Montilla», asegura un parlamentario de la coalición nacionalista, que acusa al dirigente de ICV de buscar protagonismo político en el Parlamento nacional a costa de los intereses de Cataluña. «De haber ido al Congreso, Rodríguez Zapatero se habría visto obligado a establecer unos límites para la negociación antes de abrirla que la haría más difícil y Cataluña saldría perjudicada», añadió.

Los socialistas son de idéntica opinión. Ven el debate «inconveniente» porque aportaría «rigideces» a la posterior negociación sobre financiación entre los gobiernos y «sólo serviría para tensar las relaciones porque el presidente tendría que justificar sus posiciones», según apuntan las fuentes citadas.

A la vista de tales riesgos, la vicepresidenta buscó una salida a la endemoniada situación en conversaciones con Saura, con el respaldo del presidente de la Generalitat, José Montilla.

A cambio de la retirada de la petición de comparecencia, se cedió a ICV el protagonismo de la presentación pública del compromiso, la presencia de Solbes en el Congreso y la reiteración del plazo para acordar la reforma. «El acuerdo alcanzado por Iniciativa es ridículo, es humo», declaró el diputado de CiU Josep Sánchez Llibre.

El PSOE celebró el desenlace y su portavoz parlamentario, José Antonio Alonso, defendió que la discusión sobre la financiación autonómica se desarrolle dentro de «parámetros reposados y tranquilos» y, en este sentido, señaló además que las explicaciones del ministro de Economía darán al debate «un perfil técnico».