Problema irresuelto

La voluntad del PSOE y del PP de cerrar un acuerdo que permita renovar en breve el Consejo General del Poder Judicial, tras casi dos años de inédita interinidad, y cubrir cinco de los asientos del Tribunal Constitucional constituye en sí misma un motivo de alivio ante la parálisis y las acusaciones de falta de independencia que vienen lastrando las actuaciones tanto del órgano de gobierno de los jueces como del máximo intérprete de la Carta Magna. Pero sería un error interpretar los beneficios que implicará el pacto entre los dos grandes partidos para el normal funcionamiento del sistema judicial como una solución al problema de fondo que viene condicionando la labor del Consejo y de los más altos tribunales españoles, que no es otro que las dudas que suscita su composición al seguir supeditada la misma a los intereses partidistas. La constatación de que los sucesivos cambios en la fórmula para elegir a los vocales del Poder Judicial -la actual prevé que doce sean propuestos por las asociaciones judiciales y ocho por las Cortes- no ha redundado en una mayor consideración sobre la profesionalidad del órgano demuestra que el principal escollo no está en el mecanismo de designación. Y sí, en cambio, en la indisposición del poder político a evitar cualquier infiltración partidista en las instituciones judiciales y en la renuncia por parte de algunos magistrados a supeditar su legítima inclinación ideológica a la imprescindible autonomía en su ejercicio profesional.