El juez corrupto

a sentencia que impone dos años de prisión y 17 de inhabilitación al juez Francisco Javier de Urquía cierra uno de los capítulos más sombríos del 'caso Malaya', al certificar que los protagonistas de la trama de corrupción contaron con la complicidad de quien entonces ocupaba la titularidad del Juzgado número 2 de Instrucción y cuya misión era, por tanto, evitar el delito y velar por el cumplimiento de la ley. Un veredicto en esos términos constituye el máximo deshonor para cualquier miembro de la Magistratura, aún más cuando quien ha acabado condenado por cohecho y prevaricación estaba considerado como un profesional incorruptible. La gravedad de la pena proyecta una duda sobre el modo en que el juez instruyó otros sumarios como el 'caso Hidalgo', vinculado al blanqueo de capitales.