Ex consejero de la Junta considera «un paso arriesgado» la transferencia del Guadalquivir

El traspaso del río Guadalquivir a la Junta de Andalucía ha encontrado una voz crítica en un experto en la materia y ex miembro de los gobiernos socialistas autonómico y central. Juan José López Martos (Adra, Almería, 1938) veterano experto en gestión del agua y asesor científico de la Tribuna del Agua de la Expo de Zaragoza, cree que la transferencia del Guadalquivir a la Junta de Andalucía, la primera de este tipo en España, supone «un paso muy arriesgado». Ingeniero, ex director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y ex consejero de Obras Públicas, López Martos advierte, en una entrevista con Efe, de las tensiones que acarreará esta transferencia.

Este traspaso constituyó una de las principales reivindicaciones en el nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía. Ha sido también uno de los compromisos arrancados al Gobierno de Zapatero que el Ejecutivo de Chaves más ha destacado en los últimos meses. El traspaso real no se hará hasta enero de 2009 y todos los partidos lo apoyan en Andalucía.Sin embargo, Extremadura, comunidad gobernada por el PSOE, ha recurrido al Constitucional la transferencia al afectar la cuenca a su territorio.

Para López Martos, esta transferencia refleja, en su opinión, la «paradoja» de que España desmantele la administración hidrográfica basada en cuencas, que creó en 1926, «precisamente ahora que la aplica la Unión Europea». Defiende que la gestión hidrográfica se base en el principio de unidad de cuenca y no en demarcaciones políticas «porque el límite de un río es físico y geográfico, y el de una comunidad autónoma o un municipio es una raya en un mapa». Advierte de que la transferencia de cuencas intercomunitarias es «un paso muy arriesgado que está propiciando posturas muy raras entre las comunidades autónomas» y que puede encender «reivindicaciones provincianas y chovinistas».

Para López Martos, los nuevos estatutos de autonomía «se emprendieron sin establecer antes los límites del campo de juego, que es la Constitución» y, aunque confía en que el Constitucional frene algún desatino, deplora que los estatutos catalán y andaluz se hayan sometido a referéndum popular sin esperar al fallo del TC.

Defiende que el agua sea competencia exclusiva del Estado «por funcionalidad» y advierte de que las reivindicaciones autonómicas «se han desmadrado» con «posiciones poco razonables». Cita el caso de Aragón, que reserva un mínimo de 5.000 metros cúbicos del Ebro por habitante y año, «cinco veces más que la media española» o la «incoherencia» de que Castilla-La Mancha quiera cerrar el trasvase del Tajo al Segura «a fecha fija», cuando importa del Júcar 300 hectómetros «aunque con pozos que la gente no ve».

Respecto al Guadalquivir, sostiene que la Junta de Andalucía «deberá ser muy cuidadosa en la gestión, independientemente de lo que diga el Constitucional». A su juicio, España necesita un pacto de estado sobre el agua pero con dos premisas: «Rehacer la administración estatal de las cuencas intercomunitarias y redistribuir el agua». «El agua hay que utilizarla donde más rinda, aunque luego hay que ser solidarios».