CHIPIONA. El ayuntamiento creó la Oficina de Legalización de Vivienda para las 700 edificaciones levantadas en suelo no urbanizable. / LA VOZ
Ciudadanos

Los ayuntamientos de la Costa Noroeste responden a la falta de pisos con la construcción de 5.000 viviendas protegidas

El elevado número de edificaciones ilegales obligan a Rota, Sanlúcar y Chipiona a crear planes especiales de urbanismo. Demarcación de Costas insta a los consistorios a recuperar el litoral de dominio público que está en manos de particulares

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Los tres municipios que conforman la Costa Noroeste del litoral gaditano, han dejado fuera de juego durante años un asunto que ahora no deja de preocupar, el de las viviendas de sus propios ciudadanos. Así, la necesidad por parte de sus habitantes de acceder a pisos ha sido y es la principal traba política de sus gobernantes. Ahora, con miles de casas en situación irregular y sin apenas viviendas de protección oficial, los actuales alcaldes de Rota, Sanlúcar y Chipiona abogan por solucionar el problema. El desarrollo de modificaciones a los actuales planes de Ordenación Urbana para crear plazas residenciales es en la actualidad la prioridad de las áreas de urbanismo de cada ayuntamiento.

CHIPIONA

Viviendas ilegales

La sentencia que obligaba a tirar una docena de casas ilegales en el municipio chipionero sentó como un jarro de agua fria entre sus inquilinos. Ahora, un año después, varios recursos son favorables y sólo se estiman sanciones económicas para los que fueron acusados de delitos urbanísticos por construir en suelo no urbanizable.

Las más de 700 viviendas sin legalizar que actualemente hay en Chipiona no corresponden a especulaciones urbanísticas, según su alcalde, Manuel García. «Se tratan de personas de clase media y baja que se construyeron sus primeras viviendas ante la inexistencia de un plan urbanístico estable». Aunque ello no impide «crear un punto cero para que en este pueblo no se produzcan mas infracciones de este tipo». Como primer paso para solucionar el problema, García creó hace unos siete meses la Oficina de Legalización de Vivienda para dar, fundamentalmente, asesoría jurídica a los más de 300 expedientes que el Ayuntamiento remitió a fiscalía por incumplir la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía). Ahora, el ritmo frenético de los primeros meses se ha reducido a consultas puntuales.

Una vez puesto el punto y aparte al problema de las viviendas ilegales, el gobierno municipal plantea modificicaciones al PGOU, que se llevarán a pleno previsiblemente en el plazo de un mes. En ellas se contempla la conversión de suelo rústico en urbano para darle a las zonas los servicios necesarios, «aunque sólo en los núcleos más consolidados como el caso de Camino del Olivar, donde residen unas setenta familias», aclara.

El Ayuntamiento se abre a nuevos horizontes. Sobre la mesa ya están las bases de lo que será el nuevo modelo urbanísitico de Chipiona. Tras 25 años sin construir viviendas protegidas, desde el consistorio se ultiman flecos para levantar 800 VPOs. Se hará en cuatro fases, la primera de ellas comenzará en enero de 2009 y contará con 300 viviendas en la zona conocida como Los Quemados, en el sector 4. Además, el Ayuntamiento tiene suelo destinado a vivienda libre, amén de las iniciativas privadas que surjan.

SANLÚCAR

5.647 futuras viviendas

El Ayuntamiento de Sanlúcar quiere dar carpetazo en la ciudad a lo que hasta ahora ha supuesto más de una confrontación política entre sus dirigentes: la falta de vivienda. Su principal arma es el Plan Municipal de Vivienda, que contempla la construcción de 5.647 inmuebles. De ellos, más de 2.600 serán de protección oficial, por lo que se pondrán a la venta con un precio asequible. Una medida para acabar con el problema de las viviendas ilegales que el ayuntamiento sanluqueño arrastra desde hace décadas con más de 5.000 en situación irregular.

Pero antes de iniciarse de lleno, el consistorio quiere conocer cuáles son las necesidades reales de vivienda en la ciudad.Así, como paso previo, Emuvisan (Empresa Municipal de la Vivienda) redactará un informe en el que se detallarán el número de demandantes de vivienda y el estado de los edificios más antiguos.

Durante los meses de septiembre y octubre se realizarán entrevistas personalizadas para en febrero tener toda la información necesaria. Pasos con pies de plomo para que el Plan Municipal de Vivienda dé comienzo en marzo con el mínimo margen de error.

Las arcas municipales destinarán 90.000 euros «para que el estudio recoja no sólo el número actual de demandantes de viviendas sino también las necesidades de cambio y un diagnóstico del estado de los inmuebles que cuentan con cierta antigüedad», según relató la propia alcaldesa de Sanlúcar, Irene García. Y es que la ciudad también tiene que hacer frente a la rehabilitación de casas no sólo en el casco histórico sino en zonas como el Barrio Marinero y el Barrio Alto.

Algunos proyectos ya comienzan a ver la luz. El Ayuntamiento ha cedido a Emuvisan dos parcelas que suman casi 3.000 metros cuadrados. Una valoración inicial contempla la posibilidad de construcción de unas 45 viviendas.

ROTA

Reestructuración urbanística

Las viviendas de construcción ilegal están muy focalizadas en el municipio roteño. Las edificaciones en la playa semi salvaje de Aguadulce son el principal problema del área de urbaniso de su ayuntamiento. Ahora Demarcación de Costas de Andalucía Atlántico prentende recuperar la parte del litoral que ocupan 41 viviendas basándose en planeamientos municipales. En este sentido, el consistorio se ha puesto manos a la obra y prepara un plan especial de actuación para realizar una estructuración urbanística en la zona. El otro ala del planeamiento urbanístico de Rota son las viviendas de protección oficial. En los últimos cuatro años, 500 viviendas de este régimen han visto la luz; sólo la tercera parte de la necesidad estimada de vivienda, aunque el Ayuntamiento tiene proyectadas otras 1.000. En breve, dará comienzo una nueva fase de 500 viviendas con las que el gobierno municipal espera reducir la demanda.

ciudadanos@lavozdigital.es El informe Banderas Negras 2008 elaborado por Ecologistas en Acción ha resultado ser un varapalo para el litoral gaditano. Sólo Rota y Chipiona acaparan ocho de los veintidós puntos negros que esta organización ha evaluado en toda la provincia de Cádiz; además de dos banderas negras atribuidas a Chipiona y Sanlúcar a causa de vertidos contaminantes en sus aguas.

La denuncia pública por parte de Ecologistas sobre los impactos sufridos en el litoral por agresiones urbanísticas saca a la luz casos como el de la playa de Montijo, en Chipiona, cuyo acceso ha sido cortado por particulares contradiciendo a la Ley de Costas. En él también se denuncia la privatización de la chipionera playa de Micaela a través de la ampliación de un puerto deportivo.

Rota tampoco no se queda atrás y su nombre aparece en repetidas ocasiones en este informe anual. Adquiere una importancia considerable el caso de la playa de Aguadulce en el que chalets y chabolas se mezclan de forma ilegal en primera línea de playa con el consiguiente deterioro de la franja del litoral.

Los defensores de la naturaleza también critican la ocupación del hotel Playa de la Luz, «cuyas obras del centro de talasoterapia fueron consideradas no legalizables por el Tribunal Superior de Justicia». Así, ha solicitado a Dirección General de Costas la demolición no sólo del centro sino de toda la parte que ocupa dominio público.