El PSOE acusa a Gago de conceder agua a una casa ilegal de Los Desmontados

Fernando Gago, el edil no adscrito, también firmó siendo alcalde de IP, el 15 de febrero de 2007, un decreto para otorgar agua a una vivienda ilegal del diseminado de Los Desmontados. Las razones esgrimidas para ello en el informe fueron las mismas que utilizó para otorgar agua a la vivienda de Hoyo 15, tal y como adelantó este medio la semana pasada.

En concreto, el decreto firmado por el entonces alcalde dice literalmente que «ante la necesidad de cubrir un mínimo de nivel de higiene y salubridad para los ocupantes de la construcción destinada a vivienda situada en Los Desmontados, ruego disponga lo necesario para facilitar la contratación de suministro de agua».

El edil del PSOE, Joaquín Corredera, hizo público ayer este informe y exigió al equipo de Gobierno que actúe contra estas «irregularidades». Y es que Corredera afirmó no entender «porqué la edil de Urbanismo dice que a Hernán Díaz y Juan Carlos Rodríguez se les va a caer el pelo por firmar decretos de este tipo y no dice nada sobre Fernando Gago que hizo exactamente lo mismo». Así, el edil del PSOE exige que se abra un expediente de investigación y que «se deje en suspenso los 50.000 euros al año que cobra Gago con concejal de Turismo».

Además, Corredera recordó que hay vecinos a los que se les otorgaron estos permisos a los que «ahora se les está friendo a multas coercitivas».

Hay que recordar que en el caso denunciado por este medio en Hoyo 15, hay familias a las que se les otorgó agua que ahora tienen que hacer frente a más de 50.000 euros de multas coercitivas.

Falsas esperanzas

Corredera exige que «no den falsas esperanzas a los vecinos de próxima regularización y por otro lado lo estén asfixiando con expedientes sancionadores».

Desde el equipo de Gobierno únicamente se ha repetido los argumentos esgrimidos cuando saltó a la palestra la primera autorización de agua otorgada por Gago. «No podemos hacer nada contra decretos ya concedidos».

Coave sigue insistiendo en la necesidad de que el área de Urbanismo deje de enviar a los vecinos multas coercitivas. José Antonio Castro y José Manuel Revuelta entregaron el pasado viernes 2.000 firmas en apoyo a las negociaciones que mantienen con el Ayuntamiento para poner soluciones a los problemas de los diseminados. Por ello, piden que mientras las negociaciones estén abiertas «bajen las armas y dejen de sancionar a los vecinos». Y es que hay muchos casos en los que «a la vez que se les otorgaba agua, les llegaban las multas coercitivas».

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