Los municipios de Chiclana y Conil se enfrentan al reto de regularizar y dar servicios a 25.000 viviendas ilegales

Ambos municipios costeros gaditanos se enfrentan en la próxima década a uno de los retos más importantes de su histora; regularizar y dotar de servicios a más de 25.000 viviendas ocupadas en su mayor parte como primeras residencias y que han ido surgiendo al amparo de la permisividad propia de zonas rurales.

En la población de Conil, gobernada por IU, en el año 2000 se abrieron un total de 183 expedientes por construcción, ampliación o reforma de una vivienda al margen de la ley. Ocho años más tarde esa cifra apenas se ha incrementado, cuando la realidad es que la proliferación de nuevos inmuebles en zonas como Las Parcelas de Roche, Pago del Zorro (que incluye Chinarejo, Roche Viejo o Mayorazgo) y, sobre todo, en Majadales de Roche, es evidente.

Algo similar ocurre en Chiclana, donde la Gerencia Municipal de Urbanismo ha incrementado los recursos humanos y materiales contra la edificación irregular en los últimos meses, y donde está a punto de comenzar un proceso de legalización masiva al amparo del actual PGOU que tiene como objetivo regularizar más de 18 millones de m2 de suelo urbano no consolidado. El Marquesado, Rana Verde o Pago del Humo son algunas de las urbanizaciones que albergan esas más de 15.000 viviendas ilegales que se presupone existen en la localidad.

Ecologistas

Frenar este crecimiento desordenado fuera del amparo legal es vital para los colectivos ecologistas; algunos de ellos como Ecologistas en Acción Greenpeace hablan de incorrecta depuración de aguas residuales y una precaria dotación de servicios públicos en buena parte de la superficie total del diseminado y el campo de ambas poblaciones.

De persistir este abuso de los recursos hídricos con la excavación de pozos, o esta sobreexplotación del suelo con construcciones en medio de pinares y zonas agrícolas, los más pesimistas auguran una contaminación irrecuperable del suelo.

De momento, el Consistorio conileño mantiene previsión de construir 6.000 nuevas viviendas, una buena parte de protección oficial, en el conocido como ensanche de Conil, al amparo de la nacional N-340; es el caso por ejemplo de la zona de La Lobita y Zorreras, donde el uso industrial y empresarial comparte protagonismo con el residencial. Con especial protección ambiental ha quedado sin embargo el entorno del Puerto de Conil y la zona de Castilnovo, algo que según el alcalde de Conil, Antonio Roldán, «no tiene parangón en otras ciudades de España», pero que según los ecologistas «es insuficiente».

Algo similar ocurre en Chiclana, donde el desarrollo inmobiliario ha ido ganando terreno a los espacios libres. Con un litoral prácticamente edificado al completo, la segunda línea de playa es ahora el objetivo de promotores y constructores. Hay previstas urbanizaciones en todo el recorrido de la Ronda Oeste, en zonas como Carboneros o San Jaime.

Las previsiones hablan de unas 17.000 viviendas en la próxima década, entre las que se prevén por ejemplo, 1.500 pisos de VPO mediante un convenio de colaboración con la Junta de Andalucía en la zona de la Ribera del río Iro.

Por su parte, en Conil se pretende regularizar los núcleos existentes a través de un Plan Especial del Diseminado en Suelo No Urbanizable y la empresa pública de vivienda, Rosam, tiene en cartera varias promociones de vivienda pública como las promociones de 18 VPO en Pocito Blanco o las 18 de Las Ánimas, que contrastan con las mansiones de lujo levantadas en los últimos años cerca del cementerio local.

Y es que ambas localidades han descuidado tanto el crecimiento incontrolado de los núcleos residenciales que ni siquiera son capaces de cifrar con exactitud las viviendas ilegales que hay en su término municipal.

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