El Tribunal Supremo exige que el Constitucional no invada su campo

El Tribunal Supremo ha pedido al Gobierno que tome las medidas necesarias para impedir que el Tribunal Constitucional invada en el futuro las competencias que le otorga la Carta Magna. Opina que es «institucionalmente insoslayable» una «revisión» de esta situación.

El alto tribunal reclama que los poderes públicos fijen con nitidez los límites legales de actuación del Constitucional y dejen claro que no puede interferir en el trabajo específico y exclusivo del Supremo como órgano superior y cúspide de la pirámide judicial española.

La reclamación se produce a raíz del último de los múltiples desencuentros históricos entre ambos tribunales: la sentencia por la que el Constitucional, en febrero pasado, anuló la condena por estafa que el Supremo dictó en 2005 contra los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer, conocidos como los 'Albertos', con la que liberó a los financieros de cumplir más de tres años de cárcel y pagar una indemnización multimillonaria a sus ex socios. El Constitucional anuló la sentencia al concluir que el delito había prescrito, extremo que había rechazado de manera explícita el alto tribunal.

La memoria reconoce que las relaciones entre ambos órganos siempre «han sido difíciles» pero asegura que, en este último año, «el conflicto se ha agudizado» con la sentencia de los 'Albertos', ya que se ha implicado a la Fiscalía, que también se sintió agredida por la absolución, y al presidente del Gobierno, a quien el Constitucional pidió amparo por las duras críticas del fiscal general.

El Supremo señala en la memoria que, con esta resolución, el Constitucional «excedió los límites de su jurisdicción» al corregirle en la interpretación de un artículo del Código Penal (cómo debe ser computado el plazo de la prescripción) y vulneró el artículo 123 de la Constitución, donde se señala que el alto tribunal es «el órgano superior en todos los órdenes, salvo en lo referente a las garantías constitucionales».

Considera que aunque la polémica «aparentemente» es jurídica, el «objeto de la discusión es otro: se trata de la posición de ambos tribunales en el sistema constitucional». «No se debate sobre el sentido de una ley penal -añade-, sino sobre quién es competente para establecerlo». El Supremo indica que el Constitucional, al corregirle en un asunto de su competencia, «se convierte a sí mismo en el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, anulando el artículo 123 de la Constitución».

El presidente del Supremo, Francisco Hernando, destacó que gracias a los refuerzos el alto tribunal logró reducir entre 2005 y 2007 en 19.000 asuntos su atasco histórico, con la que, a final de año pasado, sólo tenía 29.000 casos pendientes. Apuntó que en los próximos años la mejora se va a consolidar y confió en que cuando termine 2009 no quede un solo caso pendiente en cuatro de las cinco salas del tribunal (civil, penal, social y militar). La única sala en la que el atasco durará hasta 2011 es la de lo Contencioso. El resultado de estos avances, según Hernando, es que desde el año próximo, en las cuatro salas citadas, los ciudadanos sólo tendrán que esperar entre seis meses y menos de un año para ver resueltos sus recursos.