CONDENA. Cuevas, en los pasillos de la Audiencia. / A. VÁZQUEZ
Ciudadanos

El ex alcalde de Sanlúcar, Agustín Cuevas, reconoce que malversó caudales públicos

La situación jurídica del ex alcalde socialista de Sanlúcar, Agustín Cuevas, se complica después de llegar a una sentencia de conformidad por la cual acepta una pena de un año y diez meses por malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial. Se trata del caso Terán, nombre con el que se bautizó a la denuncia realizada por un funcionario del Consistorio sanluqueño, que en 1998 detectó irregularidades en la contabilidad de las arcas municipales.

Actualizado:

La situación de Cuevas se complica porque a este fallo, que en principio no le obligaría a entrar en la cárcel, se suma al año y medio que le cayó por el caso Sanlúcar; otro escándalo político que sacó a la luz el intento de soborno a un concejal del Partido Popular, en una maniobra desesperada por impedir una moción de censura contra él mismo.

Esta semana estaba previsto que Cuevas y otros cuatro procesados más fueran enjuiciados por la Audiencia, pero un acuerdo previo entre las defensas y el fiscal hizo que la vista oral se suspendiera definitivamente. La conformidad alcanzada es ventajosa para los acusados, que se enfrentaban a penas de prisión que iban de los nueve a los veinte años. Pero la acusación tenía una circunstancia que jugaba en contra. El proceso había sufrido un gran retraso -han trascurrido diez años- que se iba a cristalizar en la aplicación de la atenuante muy cualificada que reduciría las penas finales. El fallo definitivo, donde se plasmara el acuerdo entre las partes, recogerá esa circunstancia.

Los otros procesados que han aceptado la misma pena que el ex alcalde socialista son: un funcionario, un ex interventor municipal y dos familiares de este último.

En 1998, cuando Agustín Cuevas era edil de Fomento, un funcionario denunció irregularidades en la gestión municipal. En el caso del ex regidor, el denunciante descubrió que se había embolsado 9.000 euros procedentes de un falso convenio que iba a dotar con esta cuantía a una escuela taller. También demostró que el interventor condenado firmó la compra municipal de una serie de equipamentos y material, cuando en realidad se hacía él con el dinero. Para cerrar el engaño, los compradores eran familiares suyos.