Las ordenanzas para legalizar las casas irregulares se aprobarán en septiembre

Era una secreto a voces pero hasta ayer no tuvo confirmación oficial. El delegado municipal de Urbanismo, José Pedro Butrón, adelantaba a este medio que las Ordenanzas reguladoras del proceso de legalización de las más de 15.000 viviendas irregulares de Chiclana y el Plan Director de Infraestructuras, no irán a aprobación plenaria hasta el próximo mes de septiembre. Este nuevo plazo fijado por la Gerencia de Urbanismo conllevará varios meses de retraso con respecto al calendario fijado a su llegada al poder por el propio Butrón, que contaba con poder sacar adelante ambos textos legales el pasado mes de junio.

«Hemos visto que hay numerosos escollos, no sólo económicos, y opiniones encontradas entre los vecinos y las federaciones de AAVV que los representan para seguir adelante con la aprobación de las ordenanzas», reconocía Butrón, quien aseguró además que «en estos meses de verano intentaremos ahondar en esos problemas puntuales de entendimiento que hemos encontrado y negociar con los propietarios algunas modificaciones del texto».

De este modo, no será hasta el mes de octubre o noviembre (el plazo legal para su entrada en vigor oficial superará los 40 días incluyendo publicación en el Boletín Oficial), cuando pueda comenzar formalmente la tramitación de los primeros expedientes de las primeras zonas a urbanizar del término municipal.

Y es que como el propio responsable urbanístico reconocía a LA VOZ en el día de ayer, «en Chiclana existe una casuística enorme en la tipología de viviendas y miles de casos distintos».

Éste ha sido sin duda uno de los hándicaps con los que se ha encontrado la GMU a la hora de buscar consenso «en las numerosas reuniones mantenidas con los propietarios», según Butrón.

Además, Urbanismo espera aprovechar el verano para limar asperezas y tratar de encontrar una postura común con la oposición política del PSOE en torno a un proceso «largo y complejo, pero que vendrá a hacer ciudad» según el edil, y que nace ya con numerosas trabas legales y jurídicas.

Buena noticia es para los propietarios que el Consistorio sigue buscando «la forma de financiación más propicia para quienes inicien la legalización de su vivienda». Para ello se revisará el convenio con los arquitectos y se instará a las entidades bancarias «a que se sumen a un proceso que, entendemos, puede ser muy interesante para ellos», añadió el edil.

De momento, la maquinaria legal para dotar de servicios a 15.000 casas repartidas en nueve Áreas de Gestión Básica y 18 millones de metros cuadrados de suelo sigue parada; su coste, unos 600 millones de euros, da idea de la envergadura del proceso.