ESPAÑA

Los acusados alegan supuestas irregularidades judiciales para defenderse

Los defensores de acusados como Jamal Zougam, José Emilio Suárez Trashorras, Rafá Zouhier o Fouad El Morabit se aferraron ayer a las supuestas irregularidades que cometió la Audiencia Nacional para pedir al Tribunal Supremo un trato benevolente a sus patrocinados. El más crítico fue Eduardo García Peña, letrado de Zougam, condenado a 42.984 años de cárcel como autor material de la masacre. Denunció que en el sumario del 11-M «no hay absolutamente nada» que vincule a su cliente con los terroristas, salvo tres reconocimientos fotográficos «contaminados».

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Claudio Turiel, defensor de Suárez Trashorras, condenado a 32.765 años como cooperador necesario, insistió en que la Audiencia Nacional consideró a su cliente cooperador indispensable de la masacre sin tener en cuenta que «cualquiera podría haber sustraído los explosivos».

Antonio Alberca, defensor de Zouhier, condenado a diez años de cárcel, negó que conociera el tráfico de Goma 2 y que el fin de la operación era terrorista. Según el abogado, el único hecho probado es que presentó a Suárez Trashorras y a Jamal Ahmidan, 'El Chino', pero no hay indicios de que preparara esa reunión para comprar los explosivos.

Enorme sumario

Eva Aragón, defensora de Fouad El Morabit El Amgar, condenado a doce años de prisión por pertenencia a organización terrorista, se quejó de la indefensión que sufrió su cliente ya que durante dos años se mantuvo la causa en secreto y luego apenas tuvo tiempo para estudiar los más de 40.000 folios del sumario. Según la letrada, todos los indicios de la relación de su cliente con los autores de la masacre son los contactos telefónicos que mantenía con ellos.

La sesión concluyó con los alegatos de las defensas de Hamid Ahmidam, condenado a 23 años por pertenencia a banda armada y tráfico de drogas, y Mouhannah Almallah Dabas, sentenciado a doce años por su militancia en una organización terrorista. Sus respectivos letrados, Andrés Arévalo y Jesús Andujar, denunciaron la inconsistencia de los indicios contra los acusados y las supuestas irregularidades cometidas por la Policía durante los registros, las pruebas caligráficas y la elaboración de informes.