Cádiz

La construcción de viviendas se reactiva gracias a las cooperativas

Iniciativas privadas y públicas se ponen en marcha en manos de particulares y arquitectos que dejan de lado la figura del promotor

jesús a. cañas
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¿Cómo invertir la tendencia negativa en la construcción y la arquitectura? ¿Cómo conseguirlo a un menor coste? ¿Y cómo generar confianza en un banco reticente a que el crédito fluya con alegría? La respuesta no es una quimera ni una realidad inalcanzable, sino un hecho palpable al que en los últimos tiempos se están agarrando muchos gaditanos. Tantos como para que poco a poco la tendencia desfavorable en la construcción se esté dando la vuelta; para conseguir una vivienda en torno a un 15% más barata y para que los bancos se rifen llegar hasta esas iniciativas que, en los últimos tiempos, están proliferando especialmente. Son las cooperativas de viviendas las que están devolviendo la vida al sector, ante la ausencia de promotoras aún maltrechas por los años de crisis.

El arquitecto Gumersindo Fernández lo sabe bien. En la actualidad su estudio coordina ya la construcción de una promoción en la calle Huerta del Obispo de la capital, tiene muy avanzadas las gestiones para otra cooperativa de viviendas en el Campo del Sur y está buscando cooperativistas para un edificio que se levantará en Vea Murguía. De entrada, sintetiza el beneficio más destacado: «El cooperativista puede llegar a ahorrarse entre un 10 y un 20% en los gastos». Eso se debe principalmente a la ausencia de una figura, la del promotor. A cambio, como reconoce el arquitecto Diego Carmona «hay un camino que andar, ese ahorro hay que suplirlo con trabajo». En su caso, optó por la comunidad de propietarios (una fórmula similar) para rescatar hasta tres promociones de una promotora que se vio afectada por la crisis. «Yo fui uno de los afectados, pero fuimos rápidos y conseguimos comprar el terreno a la empresa por el valor del dinero que habíamos entregado a cuenta», reconoce Carmona. Así consiguió desencasquillar promociones paradas en la capital y El Puerto en un modelo que ya ha repetido en más ocasiones.

Por su parte, Fernández apostó por este modelo al comprobar la crisis del sector: «Colaboramos con promotores hasta que nos planteamos hacerlo nosotros mismos y estamos encantados». En cualquier caso, el arquitecto resalta que su trabajo se ciñe a «la labor de gestor» para aglutinar a personas interesadas en ser cooperativistas que de otra forma no se conocerían. «Hasta que no empieza la obra, no cobramos nada», explica Fernández. Y es que, hasta ese momento, son los propios cooperativistas los que se organizan entre ellos para aportar el dinero que les permite adquirir el solar.

Luego, comienza la construcción, en la que «los cooperativistas suelen sentirse más integrados en el proceso ya que forman parte de él», según explica Fernández. De hecho, en su caso, ofrecen al cooperativista «decidir sobre la distribución de su vivienda o de los materiales empleados, tienen la posibilidad de hacerse la casa a su medida».

Tanto Fernández como Carmona reconocen otra ventaja: el interés de los bancos. «Es más seguro para los bancos porque cuando se empieza la obra todos los usuarios ya han puesto el dinero y el suelo está comprado y escriturado sin cargas», explica Carmona. Mientras, Fernández añade: «La principal garantía es que ya están todos los compradores y su aportación está fragmentada». De hecho, si falla algo, no recae todo el peso en manos de uno solo, el promotor.

Ante todo este beneficio en el estudio de Fernández incluso se plantearon iniciar cooperativas de viviendas de protección oficial (VPO), «sin embargo, es complicado de desarrollar por particulares». Más fácil es para las administraciones públicas que también encuentran en esta iniciativa una forma de reactivar la construcción de vivienda pública. Es el caso de localidades como Chiclana, donde el nuevo gobierno socialista llevaba en su programa electoral la construcción de viviendas en régimen de cooperativa.

En ese sentido el ya alcalde de la localidad, José María Román, aclara que la idea es que «los más de 1.000 demandantes» de viviendas públicas en la localidad puedan acogerse a esta medida. «La empresa municipal de vivienda Emsisa abrirá una participación pública para este registro de demandantes», apunta el primer edil. Incluso en el Consistorio ya tienen en mente que será en una doble modalidad: «por aportación económica o por mano de obra en forma de autoconstrucción para dar respuesta también al paro en el sector. De hecho, ya se plantea que esta fórmula permitirá sacar adelante proyectos que llevan años en el cajón, como las viviendas en la zona de la Cucarela. En definitiva, nuevas respuestas a la nueva realidad que se ha generado tras la crisis.