CORRUPCIÓN

Los pagos de la Junta a los agentes de Empleo acaban ante la Fiscalía

Los agentes locales de empleo habrían recibido sus indemnizaciones de una partida destinada a otros fines y la Policía ya ha empezado a tomarles declaración

JOSÉ LANDI
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La Policía Nacional ha comenzado a tomar declaración a varios agentes locales de promoción de empleo (ALPE) que la Junta de Andalucía despidió en los años 2010, 2011 y 2012.Según testimonios del colectivo afectado y de sus representantes en Cádiz y Huelva, esta iniciativa corresponde a la investigación iniciada por las ocho fiscalías provinciales tras detectar indicios de posible malversación de caudales públicos. La acusación final, si se produjese, también incluiría el delito de prevaricación contra distintos responsables de la Junta, puesto que habrían tomado una decisión a sabiendas de que era injusta o irregular.Los delitos tendrían como origen el reparto «sin control» que hizo el Gobierno andaluz de 57 millones de euros al centenar de consorcios, entre ellos el de los ALPE. Según los trabajadores ya interrogados, el Ministerio Público sospecha que sus indemnizaciones, y antes buena parte de sus retribuciones, salieron de un partida presupuestaria que tenía otra finalidad.

Esa partida fue desviada y usada, de forma presuntamente ilegal, para tratar de resolver apresuradamente la salida de estos trabajadores. Ese cambio administrativo se habría realizado sin las preceptivas condiciones legales, sin autorizaciones ni control parlamentario o político. Esta investigación es el resultado de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Superior por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) hace ahora un año, en marzo de 2014. Los responsables del sindicato, con varios de los casi 700 ALPE afectados dentro de su formación, decidieron dar ese paso tras conocer un informe oficial de la Cámara de Cuentas de Andalucía.Ese documento institucional alertaba de «indicios de responsabilidad penal», por malversación y prevaricación, en el uso de esos 57 millones repartidos «sin control», cuando los consejeros de Empleo eran los socialistas Manuel Recio y Antonio Ávila (ambos imputados en el caso ERE).

Las declaraciones que toma la Policía Nacional en Cádiz y Huelva (que se extenderán a las seis provincias restantes progresivamente) tratan de confirmar esta sospecha. Los ya interrogados aseguran que han facilitado todo tipo de detalles y pruebas para tratar de aclarar el origen del dinero que recibieron como trabajadores ALPE y durante su proceso de salida.

A esta investigación se sumará otra causa paralela, también protagonizada por los agentes de empleo. Estos extrabajadores han empezado a denunciar a la Junta de Andalucía por desacato. Consideran que la administración autonómica no cumple con las sentencias de readmisión que le obliga a contratar de nuevo a los ALPE por entender que la disolución de las direcciones para las que trabajaban y su salida de la administración autonómica fue irregular.