CASO ERE ANDALUCÍA
Viera achaca a su «equipo técnico» el diseño del modelo del sistema de los ERE
El exconsejero de Empleo utiliza este argumento en su recurso para ser excluido de la pieza separada de las ayudas a empresa del exalcade de Cazalla de la Sierra
El exconsejero de Empleo José Antonio Viera ha recurrido su investigación en la pieza del caso ERE sobre las ayudas concedidas a empresas del exalcalde socialista de Cazalla de la Sierra (Sevilla) Ángel Rodríguez de la Borbolla , al atribuir a su «equipo técnico» el diseño del sistema para dar las subvenciones .
En su recurso del 6 de junio, al que ha tenido acceso Efe, Viera pide el archivo de esta causa separada respecto a su imputación apelando al principio «non bis in ídem» por el que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos, al estar siendo procesado en la pieza política del caso ERE sobre el «procedimiento específico» creado por la Junta para dar ayudas sociolaborales.
La jueza instructora María Núñez trajo a Viera a esta pieza separada en calidad de investigado porque «como consejero de Empleo pudo influir en la concesión de determinadas ayudas» , según el auto del 23 de febrero recurrido por el exconsejero, cuya defensa alega que no firmó ninguna resolución de concesión de las ayudas al «entramado empresarial del sector del corcho del señor Rodríguez de la Borbolla».
Sólo «se limitó a firmar» como consejero de Empleo el convenio marco de 2001 entre esta consejería y el ente público IFA (luego IDEA) -que entonces presidía su viceconsejero Antonio Fernández- cuyo objeto era «proporcionar la base para otorgar ayudas sociolaborales a empresas en situación de precariedad».
En su recurso, Viera esgrime que como consejero de Empleo «se limitó a constatar una situación de conflicto de naturaleza sociolaboral y la necesidad de alcanzar una fórmula legal y ágil para solucionarla. Nada más» y subraya que «a quien le correspondía diseñar esta solución o fórmula ágil era a su equipo técnico».
Esa fórmula, que la Junta usó durante una década para repartir 850 millones en ayudas , consistía en pagar las ayudas vía IFA con fondos que la Consejería de Empleo le enviaba mediante transferencias de financiación, una herramienta que l a Intervención alertó que se estaba usando de forma «inadecuada» y que la Fiscalía y las acusaciones del juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta sostienen que buscaba eludir la fiscalización previa.
Por crear ese sistema, Viera se enfrenta en el juicio sobre el «procedimiento específico» a ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por delitos continuados de prevaricación y malversación.
La defensa sostiene que actuó bajo el «principio de confianza legítima» sin que se le «pueda reprochar que confiara plenamente en su equipo técnico», como «tampoco se le puede exigir que desconfiara de todos y cada yno de los actos que dicho equipo realiza en el otorgamiento de ayudas sociolaborales».
«Constituiría un despropósito exigir al consejero de trabajo revisar, analizar y cotejar personalmente todas y cada una de las decisiones y acuerdos que firma y mucho menos revisar aquellos otros actos que otorgan ayudas concretas que ni siquiera firma como es el caso en este proceso», añade el recurso.
El exconsejero hace hincapié en que esa forma de dar y pagar las ayudas existía antes de su llegada al cargo -que ostentó entre 2000 y 2004- y «funcionó durante todos los años de su mandato sin que ni la Intervención ni el Defensor del Pueblo ni la Cámara de Cuentas ni persona o institución alguna cuestionara la supuesta ilegalidad del sistema ni se planteara la más mínima objeción», un argumento mantenido también por los 22 acusados en la pieza política pese a los avisos reiterados de la Intervención en sus informes.
En este recurso, Viera también alude a la orden ministerial de 1995 sobre ayudas excepcionales a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas que varios acusados en la pieza política esgrimen como norma reguladora que amparaba las ayudas de la Junta.
El exconsejero señala que el objeto del convenio marco era servir de base al Gobierno andaluz para dar unas ayudas que «sin entrar en la legalidad o no del sistema, prima facie parecía permitir» dicha orden estatal.
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