Fernando Villen Rueda, exdirector general de la Faffe (izquierda) en el Parlamento andaluz
Fernando Villen Rueda, exdirector general de la Faffe (izquierda) en el Parlamento andaluz - JUAN JOSE UBEDA
IRREGULARIDADES

Unos correos revelan los contratos amañados en la fundación de formación de la Junta de Andalucía

La Faffe, subrogada al Servicio Andaluz de Empleo, inventaba procesos de adjudicación para justificar facturas

SEVILLAActualizado:

En la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) primero se seleccionaba a dedo a sus proveedores y a posteriori se inventaban procesos de adjudicación para dar cobertura a los contratos «a sabiendas de su ilegalidad».

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llega a esta conclusión tras analizar la secuencia de correos electrónicos que intercambiaron responsables de esta entidad que investiga la juez de Sevilla María Núñez Bolaños. Las irregularidades se centran en la contratación de la sociedad Gerencia Andaluza de Promoción Comunitaria Mobility (GAPC) para diseñar y poner en marcha un proyecto de estancias formativas de jóvenes en otros países al amparo del programa europeo Leornardo Da Vinci.

Los correos, a los que ha tenido acceso ABC, dejan patente, a juicio de los agentes, «la búsqueda de una solución jurídica tendente a ocultar la ilegalidad producida en la adjudicación de estos servicios y que permitiera atender el pago de la factura» de 83.520 euros emitida por GAPC. El personal de la Faffe se integró en el Servicio Andaluz de Empleo.

Uno de estos emails resulta elocuente. Lo envía el 11 de enero de 2010 Carmen Lozano Vargas, por entonces directora de Faffe a «una tal Naiara», trabajadora de esta fundación, y «con copia a Cristina L. y María del Mar F.».

«Buenos días Naiara. Con este importe no hay manera de legalizar la contratación, ni aún fraccionándolo. A ver si podéis haceros con tres ofertas y montar un negociado sin publicidad». Y, plenamente consciente de su ilegalidad esta directiva, quien era la máxima garante del cumplimiento de la legalidad en materia de contratación en la Faffe añade: «No quiere decir que estemos cumpliendo con la Ley de Contratos, pero al menos tenemos algo de publicidad. Me consta que es muy urgente solucionar este tema».

El atestado policial concluye que en esta fundación autonómica se utilizaron contratos «a sabiendas de su ilegalidad» y procedimientos de adjudicación inadecuados, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento de licitación que legalmente procedería aplicar en función del importe». El montaje funcionó y la factura fue abonada finalmente al proveedor mediante un cheque bancario el 10 de marzo de 2010. Para ello se tramitó un procedimiento negociado sin publicidad «con efectos retroactivos al objeto de dotar de cobertura a una situación irregular», afirman los investigadores.

La consultora, que está en proceso de liquidación, recibió al menos cuatro contratos por una suma total de 642.707 euros, según se desprende de los datos declarados por la Faffe ante la Agencia Tributaria.

Contración irregular

De la existencia de este correo relacionado con la contratación supuestamente irregular de GAPC dieron cuenta ayer en el juzgado Juana P.G., ex trabajadora del archivo en la desaparecida Faffe, y el responsable de dicho archivo, Fernando M.F., que declararon en calidad de testigos. Ambos ratificaron el contenido de las actas de su comparecencia ante la Guardia Civil en junio de 2016,

Juana P.G. relató a los agentes que una empleada llamada Manuela L. le comentó «que había hallado un correo electrónico cuyo contenido hacía referencia a posibles irregularidades» en la contratación de la empresa GAPC.

La extrabajadora se lo contó a su jefe, el director del archivo, Fernando M.F., quien a su vez alertó a la secretaria general del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), María Luz Fernández, después de cerciorarse de que el correo se ponía «en un sitio seguro por si hiciera falta debido a las auditorías que se estaban realizando». Hay 23 personas investigadas por contratos «irregulares» de la Faffe que la Fiscalía cifró en más de 9,4 millones.