Francisco Carnicer muestra la reclamación de la Agencia Tributaria de Junta
Francisco Carnicer muestra la reclamación de la Agencia Tributaria de Junta - ABC
Impuesto de Sucesiones de la Junta de Andalucía

Le reclaman 100.000 euros en intereses tras pagar el impuesto de Sucesiones

Una familia sigue asfixiada después de abonar 207.000 euros a la Junta por la herencia de una tía carnal

SevillaActualizado:

Las palabras «losa» y «deuda» se quedan cortas para describir la gran depresión económica en la que vive sumida la familia de Francisco Carnicer por culpa de una herencia que dejó la tía carnal de su madre. Desde su fallecimiento en octubre de 2010, en su hogar no se hace pie.Esta familia de San José de La Rinconada se encuentra perdida en un laberinto de reclamaciones, deudas, aplazamientos, embargos de bienes y recursos para el que no hay salida. Representa la versión más cruda del impuesto de sucesiones y donaciones, ese tributo que desde la izquierda es sinónimo de opulencia y riqueza, una simplificación que nada se compadece con la complicada realidad doméstica de Francisco.

La rebaja del 99 por ciento del tributo recién aprobada por el Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos no le supone consuelo alguno porque sólo beneficia a parientes de primer grado (hijos, cónyuges, padres y nietos) y ningún efecto tiene sobre los expedientes que ya están en curso, una demanda de la Asociación Stop Impuesto Sucesiones que ha caído en saco roto a pesar de la cobertura que ambos partidos dieron a sus reivindicaciones cuando estaban en la oposición.

Después de haber pagado 206.925,45 euros correspondientes al principal de la deuda contraída con la Agencia Tributaria de Andalucía por la liquidación de este tributo, la familia de Francisco Carnicer aún tiene que hacer frente al abono de 100.171,76 euros en intereses de demora y recargos porque le fue imposible saldar sus cuentas con Hacienda a tiempo. El impago ha generado un efecto bola de nieve que ha creado una deuda que supera con creces el valor real de los tres bienes heredados. En este penoso proceso burocrático que se desencadena inexorablemente a partir de una serie de cuotas impagadas, sus padres a punto estuvieron de perder su vivienda habitual, que salió a subasta el 2 de diciembre de 2016, puja que pudieron suspender en el último momento a través de un recurso ante el Tribunal Económico-Administrativo Central.

Alegato de la abogada

Concepción Hidalgo, viuda y sin descendencia, a la que su sobrina cuidó hasta sus últimas horas, le dejó una vivienda en este pueblo situado a 12 kilómetros de Sevilla, un local comercial en la planta baja del mismo edificio y la mitad indivisa de una parcela de tierra de regadío en el municipio. «Se están pidiendo intereses sobre los intereses, algo demencial, y se encuentran embargados bienes del matrimonio como la propia vivienda, pero también el coche y las cuentas corrientes, que nada tienen que ver con la herencia», expone su abogada Carmen Julia García Mesa.

La letrada presentó el 29 de noviembre un recurso extraordinario ante la Consejería de Hacienda en el que solicitaba la revisión del expediente, después de haber formulado alegaciones sin éxito contra la liquidación argumentando que los valores fijados por la Administración estaban inflados. Como prueba, adjuntó un informe pericial realizado por un arquitecto que cuestiona la tasación oficial.

Si la vía burocrática falla, aún le resta una bala en la recámara: interpondrá una reclamación contencioso-administrativa. En su escrito, García Mesa esgrime que los inmuebles se valoraron en 661.242,93 euros, «casi cuatro veces más que su valor catastral ya de por sí elevado y fuera de la realidad de la crisis inmobiliaria existente», como resultado de aplicar a los valores catastrales del año 2010 un coeficiente multiplicador del 3,70. A modo de ejemplo, el perito contratado valoró el local en 184.954 euros frente a los 295.313 que estimó la administración. Pasada la crisis, consiguieron venderlo en 200.000 euros, muy por debajo de la valoración oficial. Con este dinero, liquidaron la parte principal de la deuda, pero no los intereses generados. «Todo lo percibido por la venta del local, así como las rentas de alquiler por el periodo que estuvo arrendado fueron a pagar el impuesto», recapitula la abogada.

Angustia e impotencia

En medio de este panorama desolador, la angustia y la impotencia han alcanzado niveles estratosféricos. Al punto de llevar a Francisco Carnicer, de 25 años, a armarse de valor para dejar la coraza del anonimato para contar su historia. De entrada, hace una aclaración: «Que nadie piense que quiero que me perdonen dicha deuda. Sólo pido un poco de consideración y que se revise mi caso, ya que este impuesto no es igual para todos los españoles. Es discriminatorio y va contra el derecho a la propiedad privada y a la herencia que establece la Constitución Española».

Apenas cumplida la mayoría de edad, Francisco tuvo que renunciar a hacer una carrera universitaria por culpa de una herencia a la que su familia no supo o no quiso renunciar pensando que le bastaría con poner a la venta las propiedades recibidas. «Por exceso de patrimonio no me concedieron una beca y me tuve que poner a trabajar para ayudar a mi familia con las deudas», se lamenta. Su indignación hacia la Administración no halla desahogo posible: «¿Dónde estabais cuando mis tíos se ponían malos? Ahora, después de fallecidos, metéis las manos en nuestras cuentas y ponéis en marcha toda la maquinaria burocrática en forma de impresentable impuesto de sucesiones. En lugar de ser un apoyo en tiempos difíciles, sois el peor de los acompañantes».