El PP pide que Susana Díaz comparezca como testigo en el juicio de los ERE

Golpe de efecto del PP en el juicio por la pieza política del caso de los ERE , en el que están procesados 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre otros, los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán . En la sesión que se ha reanudado este martes, después del parón navideño, con la exposición de las cuestiones previas por parte de las acusaciones y defensas, el PP ha solicitado la declaración como testigos de la actual presidenta de la Junta, Susana Díaz «por el conocimiento que ha demostrado de los hechos por su cargo y en sus comparecencias publicas» ; el vicepresidente autonómico, Manuel Jiménez Barrios, y de la exconsejera de Presidencia, María del Mar Moreno, ahora senadora del PSOE por Andalucía .

En el caso de la presidenta andaluza, el letrado que representa a la acusación popular del PP, Luis García Navarro , ha planteado la procedencia de que declare porque «durante su mandato» como consejera de Presidencia bajo el Gobierno de José Antonio Griñán, se impulsaron por parte del Gobierno andaluz las medidas extraordinarias para facilitar que los prejubilados siguieran cobrando las pólizas subvencionadas. «Se convalidaron las subvenciones otorgadas», expuso este abogado.

El PP también solicitó la declaración de Manuel Jiménez Barrios «por su conocimiento de los hechos porque percibió una de las subvenciones» con cargo a la partida presupuestaria de los ERE siendo alcalde de Chiclana (Cádiz). La petición de Mar Moreno la ha justificado porque fue consejera de la Presidencia, fue inicialmente imputada, y conocía los hechos .

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción ha impugnado la prueba solicitada por el abogado del exdirector general de Presupuestos de la Junta Antonio Vicente Lozano, que solicitó la declaración como testigos de los letrados que han ejercido la acusación particular de la Junta de Andalucía. Argumenta que no han tenido intervención alguna en el procedimiento que se juzga . Los letrados pidieron el archivo de esta causa al entender que no hubo un plan preconcebido por la Junta para crear un procedimiento para dar ayudas burlando los controles de la Intervención .

La Fiscalía pide entre 6 y 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación para 15 acusados -entre ellos Griñán- por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y 10 años de inhabilitación para otros 7 acusados - entre ellos Chaves - a los que sólo imputa un delito de prevaricación.

Se les acusa de crear o mantener un «procedimiento específico» por el que entre 2001 y 2011 la Junta de Andalucía repartió 854 millones de euros en ayudas públicas sociolaborales de forma «arbitraria» y «sin control».