La portavoz de Susana Díaz: «Vamos a apoyar las elecciones»

Ángeles Férriz ha dicho que «el presidente es el que tiene esa potestad, es el que decide cuándo van a ser»

Ángeles Férriz, durante la rueda de prensa en el Parlamento EP

S. Benot

El PSOE de Andalucía no ha tenido más remedio que pronunciarse sobre la eventual convocatoria de elecciones por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La portavoz de la Ejecutiva Regional del PSOE, Ángeles Férriz ha dicho que «el presidente es el que tiene esa potestad, es el que decide cuándo van a ser las elecciones y desde el PSOE de Andalucía, sea cual sea la fecha, lo que vamos a hacer es apoyarla y trabajar conjuntamente».

Férriz también ha lamentado que se hayan tumbado los Presupuestos Generles del Estado, «es triste porque venían a mejorar la vida de los ciudadanos después de siete años de machaque».

Cargo imputado

La portavoz del PSOE andaluz también ha insistido en la polémica con los nombramientos . Así, ha pedido al vicepresidente de la Junta, Juan Marín, que aclare si va a mantener con el PP el «mismo nivel de exigencia» que mantuvo con los socialistas durante la pasada legislatura, a la hora de reclamar que fueran apartados de sus puestos los cargos públicos imputados o si, por el contrario, seguirá con las «tragaderas con tal de mantener los sillones».

Férriz ha hecho esa petición a Ciudadanos al hilo de que se haya conocido que «parece ser» que el nuevo delegado provincial de Salud y Familias de la Junta en Almería, Juan de la Cruz Belmonte (PP), está «siendo investigado por administración desleal y delito societario».

«El nuevo Gobierno andaluz está abonado a la inestabilidad, debido a su bicefalia y a su dependencia de Vox y está preso del caos, con dos dimisiones en 48 horas y con nombramientos más que discutibles».

Ha recordado que en el apartado sobre regeneración democrática e institucional del acuerdo firmado por PP andaluz y Ciudadanos se señala que ambos partidos se comprometen a la «separación inmediata de los cargos públicos» en todas las instituciones andaluzas que « hayan sido o sean imputados formalmente por delito de corrupción» y a que las personas que se encuentren en dicha situación «no puedan ser incorporadas en las candidaturas electorales ni ser nombradas para desempeñar cargos públicos».

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