Gobierno del cambio

La pesada «hipoteca» que deja el PSOE en la Junta: 418 millones de euros por errores y condenas judiciales

A los fallos en la gestión de grandes proyectos se suman 100 millones más por intereses de facturas del SAS

Un operario en las prospecciones del Metro de Sevilla ABC

Antonio R. Vega

Las sentencias en contra han dejado tiritando la «hucha» de la Junta de Andalucía o, lo que es lo mismo, la partida reservada en los presupuestos autonómicos a atender gastos sobrevenidos por fallos judiciales. El nuevo Gobierno del PP y Ciudadanos se ha encontrado con una «hipoteca» de 418 millones de euros en reveses judiciales a los que hizo frente, en su mayor parte, el anterior Ejecutivo socialista en funciones cuando sabía que las posibilidades de preservar el poder autonómico eran muy remotas. Otras deudas siguen sin saldar.

Son 168,16 millones del caso Nevada ; 63,31 millones para resarcir a la promotora de una central eléctrica; otros 21 millones tienen su origen en los servicios que prestó Clínicas Pascual al Servicio Andaluz de Salud (SAS) cuando el contrato de concierto de seis hospitales ya estaba extinguido. Por último, quedan por imputarse a las cuentas autonómicas prorrogadas otros 162,5 millones de euros para resarcir a las constructoras del Metro de Sevilla por el retraso de las obras.

Las citadas condenas judiciales suman un desembolso de 418 millones de euros. A este importe se añaden otros 100 millones de euros que el SAS empezó a pagar en 2016 a distintos proveedores sanitarios que demandaron ante los juzgados de lo Contencioso-administrativo para reclamar los intereses de demora que generó el retraso en el abono de facturas de distintos suministros durante la crisis. El SAS negoció judicialmente con algunos demandantes el fraccionamiento en el pago de facturas, cuyo abono se ha dejado sentir en las cuentas de 2018 e incluso compromete presupuesto de 2019.

El actual Gobierno andaluz tendrá que afrontar el pago de 162,5 millones por el retraso de las obras del Metro de Sevilla

En la mayoría de los casos, un error está detrás de estas condenas. El 18 de diciembre, el Consejo del Gobierno andaluz saliente, en su antepenúltima sesión, acordó saldar la deuda de 168,16 millones de euros con el empresario Tomás Olivo .

La Junta tuvo que pagar una indemnización de 165,64 millones y otros 2,61 millones en concepto de intereses de demora por el lucro cesante que dejó de percibir el promotor durante los siete años que estuvieron paradas las obras del centro comercial Nevada Shopping, a las afueras de Granada . El Supremo ratificó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a favor del promotor, producto de un error que ha salido muy caro a los andaluces. El letrado de la Junta no asistió a una vista clave para defender la postura autonómica.

Equivocación

El 18 de diciembre, como avanzó ABC, el Gobierno saliente autorizó pagar una indemnización de 63,31 millones a la empresa Nueva Generadora del Sur S.A. por anular y paralizar el proyecto de una central eléctrica en San Roque durante tres años y medio. La interrupción provocó que la compañía despidiera a sus 36 empleados por otra equivocación. La Delegación de Medio Ambiente de Cádiz no emitió una declaración de impacto ambiental que era preceptiva.

En las cuentas de 2018 también se contabilizaron los 21 millones de euros que el SAS abonó a Clínicas Pascual . De ellos, 14,81 millones corresponden a los servicios prestados en mayo de 2014 en seis hospitales concertados con la administración y el resto, a otro fallo en contra del SAS.

El nuevo Ejecutivo le tocará saldar los 162,5 millones hasta el 31 de diciembre del 2018 que corresponden a la sentencia firme de Metro de Sevilla , incluyendo 35,7 millones por intereses de demora. «Estos intereses equivalen aproximadamente a diez años de no asunción de la situación», denunció ayer la consejera de Fomento, Marifran Carazo .

Por último, desde 2016 el SAS ha tenido que hacer frente a un elevado número de reclamaciones judiciales por el impago de los intereses de demora debido a que abonaba servicios y compras a proveedores con meses e incluso años de retraso. Se trata en la mayoría de los casos de facturas de importes inferiores a dos millones de euros, pero que sumadas superan los cien millones de euros. Paradigmático es el caso de la farmacéutica Roche Farma , a la que tiene que pagar 10,82 en concepto de intereses de demora por facturas emitidas entre 2005 y 2010 por importe de más de 128 millones que el SAS pagó demasiado tarde.

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