Los partidos andaluces piden negociación sobre las 35 horas

La incertidumbre sobre la jornada laboral de las 35 hora s para los funcionarios andaluces ha sido este miércoles uno de los ejes de los mensajes públicos de los partidos políticos en el Parlamento. Con diferentes criterios, todos han apostado por dialogar para resolver una situación muy complicada y que afecta de manera directa a 270.000 personas en Andalucía.

El PP andaluz ha exigido Gobierno andaluz que se siente a dialogar con el Ejecutivo de Mariano Rajoy en lugar de tratar a los funcionarios «como peones de la confrontación política». «El Gobierno central quiere dialogar y apura los plazos», ha sostenido la portavoz del PP, Carmen Crespo antes de reclamar a Susana Díaz que dialogue sobre este tema para llegar a un entendimiento «con quien tiene las competencias».

Desde el PSOE , sin embargo, lo veían de otra manera. El portavoz parlamentario, Mario Jiménez , preguntaba directamente al presidente de los populares andaluces, Juanma Moreno, si iba a solicitar al Gobierno central la suspensión cautelar de las 35 horas que ha reclamado al Tribunal Constitucional. «Es la hora de la verdad y queremos dar tranquilidad a los funcionarios públicos. Moreno Bonilla se ofreció como mediador, como conseguidor, pero todo es una gran mentira. Moreno Bonilla está genéticamente incapacitado para defender los intereses de Andalucía».

La portavoz adjunta de Podemos Andalucía, Esperanza Gómez ha insistido en que « había margen» para negociar la restitución de las 35 horas para los empleados públicos en Andalucía, si bien cree que la fue una medida «de cara a la galería» adoptada por Susana Díaz a sabiendas de que el Gobierno central del PP la recurriría.

Al respecto, Gómez ha insistido en que el Gobierno de Susana Díaz, cuando adoptó esa medida, «sabía que el Ejecutivo de Rajoy la iba a recurrir y suspender por lo que podría haberlo negociado ya que Rajoy está en la Moncloa gracias a la abstención del PSOE».

Izquierda Unida, por su parte, ha dicho que espera que el Gobierno central «estrene la sensatez » y no haga uso de la prerrogativa que tiene para decidir el mantenimiento o levantamiento de la suspensión cautelar de la jornada de 35 horas de los empleados públicos andaluces.

«El deseo es que el Gobierno no plantee esa paralización y ahora tiene la oportunidad de deshacer o minimizar el impacto de una decisión que fue tremendamente equivocada. Todos los empleados públicos están pendientes de cómo se solventa el tema. Andalucía necesita el refuerzo de los servicios públicos y, para ello, es muy importante que los empleados públicos recuperen los derechos perdidos», dijo la portavoz adjunta Inmaculada Nieto.