TRBUNALES
Ofensiva judicial de los interinos para que la Junta de Andalucía los haga fijos sin oposiciones
Presentan una demanda colectiva para sancionar el abuso de contratos temporales en la Administración autonómica
En la Junta de Andalucía hay interinos casi vitalicios. Llevan años encadenando contratos temporales para cubrir necesidades que son permanentes y habituales. El Tribunal Supremo ha determinado que se trata de un fraude de ley y ha declarado indefinida a una interina que ocupó una vacante durante veinte años en la Xunta de Galicia. En la Junta de Andalucía hay 29.511 empleados públicos —según una plataforma que los aglutina— en una situación parecida. Han iniciado una batalla legal para mantener sus puestos. La última palabra la tendrá el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tras el tirón de orejas que Bruselas ha dado a España por abusar de la temporalidad en las administraciones públicas.
Entre tanto, la Junta se enfrenta a una oleada de reclamaciones. Veinticinco temporales e interinos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible han presentado ya una demanda colectiva ante el Juzgado de lo Social para exigir que se les reconozca como personal fijo de la Administración. Se espera que centenares de temporales de la Junta recurran a la vía judicial esgrimiendo la normativa comunitaria.
El bufete sevillano A. Rozados & Asociados lleva los casos de cuarenta temporales de la Junta. El abogado que ha presentado la citada demanda colectiva, Armando Rozados , asegura que la Administración autonómica «abusa de manera fraudulenta de contrataciones alegales», con prácticas que van desde la conocida alta temporalidad, hasta cesiones ilegales de trabajadores, falsos autónomos e interinidades vitalicias». Todo ello para cubrir necesidades permanentes y habituales, con las que «burlan la legislación sobre la Función Pública eludiendo los concursos públicos y ofertas de empleo.
La normativa europea estipula sancionar a las administraciones que recurren a estas prácticas
La demanda colectiva presentada por este despacho argumenta que la figura del «indefinido no fijo» no tiene cobertura legal y responde a las reticencias de las administraciones para considerar fijos a todos los empleados públicos que «adquirieron tal condición como efecto de las situaciones irregulares de las que eran objeto». Estos interinos, que en muchos casos llevan veinte años encandenando contratos temporales, se exponen a que su puesto sea amortizado o cubierto mediante oposición en cualquier momento.
El Parlamento Europeo aprobó una resolución el 31 de mayo de 2018 por la que instaba a los Estados miembros a cumplir una directiva de 1999 que establecía « la fijeza del trabajador como efecto sancionador » por abusar de la contratación temporal sucesiva. Defendía convertir en fijos a los temporales como castigo por los incumplimientos del empleador, en este caso la Junta de Andalucía. Rozados expone que «los tribunales españoles, hasta ahora, han sido un tanto reacios a decretar la fijeza en las administraciones públicas amparándose en que no puede accederse a puestos laborales fijos o incluso de funcionarios de pleno derecho si no es a través de concursos y oposiciones».
De esta forma, señala este letrado, « han creado artificiosamente dos divisiones o dos clases de empleados públicos , con graves diferencias de derechos solo por ser fijos o no». Para este asesor jurídico, esta situación no tiene encaje en la Constitución Española y en el ordenamiento europeo. «No se quiere que estos trabajadores de segunda entren por la gatera, cuando la realidad es que hay empleados con experiencia mayor que cualquiera y antigüedades de más de 20 y 30 años», detalla.
Este abogado considera que la Constitución exige acceder a la función pública garantizando los principios de mérito, capacidad y experiencia, pero ninguno de sus artículos menciona la palabra «oposición o concurso». Por esta razón, no ve impedimento legal para que los jueces declaren fijos a temporales « consolidando una plaza en propiedad al trabajador víctima de la contratación abusiva». Desde el despacho piden al Gobierno andaluz del PPy Cs que resuelva esta «papeleta» con un proceso de estabilización y consolidación de plazas ante la contratación masiva en fraude de ley que ha heredado.
En paralelo, una plataforma de funcionarios interinos presentó hace un mes más de 50.000 firmas para que el Parlamento andaluz acepte su Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y realice una Oferta de Empleo Público (OPE) que dé estabilidad a sus plazas.
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