ADMINISTRACIÓN

Limpia de cargos «a dedo» en Andalucía Emprende, la mayor fundación de la Junta

La Junta comunica el cese a ocho directores provinciales y 37 responsables de zona

Sede central de la Fundación Andalucía Emprende en Sevilla ABC

Antonio R. Vega

El cambio de gobierno empieza a apreciarse en la mayor fundación de la Junta de Andalucía, Andalucía Emprende, un ente adscrito a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo . Cuarenta y cinco cargos de libre designación de la Fundación Pública Andalucía Emprende estaban citados ayer en las distintas delegaciones territoriales de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Allí les entregaron un sobre con un carta de la dirección del ente instrumental en la que les comunicaban su cese con efectos desde el 8 de abril.

Desde el próximo lunes, ocho directores provinciales y 37 responsables de zona dejarán de ocupar sus puestos de mando en el ente que forma parte de la conocida como «administración paralela» de la Junta, creada en 1999 para asesorar a emprendedores sobre los trámites para la puesta en marcha de negocios.

Los relevados no son despedidos sino que vuelven a sus puestos de procedencia en el caso de aquellos que forman parte de la plantilla. Desde la nueva dirección enmarcan el proceso dentro de una «remodelación de la estructura orgánica y funcional» de su red territorial, integrada por 215 Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial, los llamados CADE.

En la fundación coexisten trabajadores con sueldos muy dispares pese a realizar trabajos similares

La nueva directora gerente, Rosa Siles , envió ayer un correo electrónico a los cerca de mil trabajadores de la fundación en el que justifica la oleada de ceses de directores y responsables de zona dentro de un proceso de reorganización más profundo, como resultado del «análisis y diagnóstico iniciado en estas últimas semanas, con el objetivo de redefinir y simplificar los procesos de trabajo».

En este correo, al que ha tenido acceso ABC, Siles explica que la «remoción de las funciones de Dirección Provincial y de Responsable de Zona», cargos de confianza de la anterior dirección , es «la primera medida para la eficiencia, calidad y excelencia de la gestión» del ente público. Fuentes del personal afectado por los ceses expresaron a ABC su malestar por el modo en que se ha comunicado su destitución. «No nos han dado ninguna explicación», lamentan.

En esta fundación trabaja, como coordinadora de Diseño y Estrategia del CADE de Jaén, Irene Sabalete Ortega , la exdelegada de Empleo de la Junta en Jaén que pidió a sus empleados que hicieran campaña por el PSOE. « Si no ganamos las elecciones no vais a seguir trabajando en la Junta de Andalucía» y «os quiero a todos en la calle haciendo campaña por el PSOE». Son algunas de sus frases registradas en una grabación en boca de Sabalete en vísperas de las elecciones autonómicas de 2012, en las que las encuestas auguraban la derrota del PSOE.

Diferencias salariales

El proceso de selección de buena parte del personal ha sido cuestionado por la Cámara de Cuentas de Andalucía . En un informe que fiscalizaba a la fundación en el ejercicio 2015, detectó el incumplimiento de los principios de mérito, capacidad e idoneidad en algunos contratos. Ocho de cada diez euros del presupuesto anual que maneja la fundación se destinan a pagar nóminas.

Según los estatutos de esta fundación creada en 1999 al margen de la Función Pública, su principal misión es «promover la iniciativa emprendedora y el desarrollo empresarial para contribuir a la dinamización de la economía regional».

En esta entidad coexisten trabajadores de distinta procedencia y con retribuciones muy dispares. Las diferencias en salario anual entre personas que realizan las mismas funciones «pueden alcanzar entre 12.000 y 14.000 euros» , algo provocado por la «falta de aplicación del convenio colectivo». La Sala de lo Social del TSJA dio la razón aComisiones Obreras para que la fundación equiparase salarios, pero el anterior Ejecutivo y la dirección gerencia se negó a aplicar el laudo laboral. Ante el rechazo, los trabajadores han recurrido al Supremo.

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