Sede del Servicio Andaluz de Empleo en la Isla de la Cartuja de Sevilla donde trabaja la funcionaria
Sede del Servicio Andaluz de Empleo en la Isla de la Cartuja de Sevilla donde trabaja la funcionaria - J.M. SERRANO
LABORAL

La Junta de Andalucía admite que discriminó a una funcionaria por estar de baja por embarazo

Rectifica tras publicar ABC que le había denegado el plus de productividad durante su baja por riesgo de aborto

SevillaActualizado:

Diez días después de las elecciones que van a desalojar al PSOE de la Junta de Andalucía tras 36 años y medio, el Gobierno autonómico levanta el «castigo» que impuso a una funcionaria embarazada a la que había denegado el complemento de productividad cuando estaba de baja médica por riesgo de aborto al considerarlo como una enfermedad común.

La trabajadora del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), D.I.R.S., gana su particular batalla por la igualdad ante la Administración autonómica, que da marcha atrás tras admitir que le había dispensado un «trato discriminatorio», después de que ABC se hiciera eco del caso. Su victoria abre la puerta para que situaciones como esta no se repitan.

Mediante un escrito que registrado en el Defensor del Pueblo Pueblo el pasado 19 de diciembre, la secretaría general para la Administración Pública de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Junta, Lidia Sánchez Milán, reconoce que la funcionaria tiene derecho a cobrar el citado plus salarial y da instrucciones «a los órganos responsables de la gestión de personal de todas las Consejerías para que actúen en consecuencia cuando concurran supuestos como el presente».

La Junta de Andalucía, que durante meses ignoró sus demandas, acepta pagarle tras las elecciones autonómicas

En un escrito de dos páginas, al que ha tenido acceso este periódico, la alto cargo autonómica asegura que «no reconocer a una empleada pública el derecho a la percepción del complemento de productividad en la situación de baja durante el periodo de gestación motivada por un embarazo con riesgo», como ocurre en este caso, «supone un trato discriminatorio directo vinculado a la maternidad porque la situación de la empleada es consustancial al hecho biológico de la maternidad».

La secretaria general argumenta ahora que «situaciones de incapacidad temporal vinculadas al embarazo no pueden calificarse como alteración de la salud constitutiva de enfermedad común en los términos de la legislación reguladora de la Seguridad Social».

La marcha atrás de la Junta se produce veinte días después de que ABC publicara que la funcionaria había denunciado desde agosto de 2017 que venía sufriendo una «discriminación por sexo», que le ha supuesto un perjuicio económico en su nómina por su legítima decisión de ser madre. Los escritos dirigidos al servicio de Recursos Humanos de la Consejería de Empleo, a la secretaria general del SAE y a la viceconsejera de Empleo, Pilar Serrano, habían caído en saco roto durante meses.

«Está considerando a las funcionarias que causen baja por amenaza de aborto o riesgo por embarazo como ausentes de sus puestos de trabajo hasta la fecha de su incorporación, dejando de abonar este concepto por la única razón de su embarazo», advirtió por escrito la trabajadora.

Queja al Defensor

En vista de que la Junta no atendía sus peticiones, el 4 de diciembre de 2017 elevó una queja al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu. En ella puso de manifiesto que «la desigualdad y discriminación entre los propios trabajadores de la Junta de Andalucía, dado que si eres mujer y funcionaria y te quedas embarazada te perjudican sin abono de la productividad, dependiendo, eso sí, de la Consejería a la que pertenezcas, puesto que no hay un criterio unificado». En cambio, «si eres laboral o liberada sindical no se plantean ningún tipo de interpretación y se abonan íntegramente todos los conceptos».

Hasta en seis ocasiones, esta institución se puso en contacto con el Servicio Andaluz de Empleo y la directora general de Recursos Humanos y Función Pública recordándole su «deber legal» de contestar a la queja de la funcionaria. Basándose en abundante jurisprudencia sobre este asunto, Maeztu emitió una resolución el pasado 31 de octubre por la que instaba a la Junta a garantizar a «las empleadas públicas en situación de incapacidad temporal por embarazo de riesgo puedan percibir el complemento de productividad que les pudiera corresponder durante esta situación»,