La Junta de Andalucía, la acusación que defiende a Chaves y Griñán

La Fiscalía Anticorrupción ha aplicado un restrictivo filtro a la cúpulas del Gobierno andaluz en el fraude de los ERE. Una vez argumentada su postura, con un fundamentado escrito de 40 páginas dirigido al juzgado, el interés se centra ahora en conocer dónde van a poner el listón de la responsabilidad penal el resto de las acusaciones presentes en la causa: Partido Popular, Manos Limpias y especialmente la Junta de Andalucía.

Durante la instrucción, la Administración, perjudicada por la gestión de 855 millones de euros sin control, ha actuado más como defensora de algunos ex altos cargos que como acusadora. Tiene de plazo hasta el 15 de octubre —tras la prórroga e un mes acordada por el juzgado— para determinar los delitos contra los procesados.

Fuentes judiciales consultadas por ABC dan por hecho que los letrados de la Administración autonómica no van a avalar la teoría del juez y la Fiscalía, que acusan de prevaricación y malversación de fondos públicos al expresidente de la Junta José Antonio Griñán y del primero de los delitos a su antecesor en el cargo, Manuel Chaves. «Es impensable que la Junta vaya a solicitar cárcel para Griñán. La duda está en si va a poner el listón en [José Antonio] Viera o en Antonio Fernández», comentaba ayer uno de los abogados de la defensa.

Las contradicciones de la Junta durante la instrucción le valieron una censura de la juez que inició la investigación, Mercedes Alaya. La Junta se opuso, por ejemplo, a la imputación de la exministra Magdalena Álvarez, un posicionamiento que «parece más propio de una defensa que de una acusación particular», según advirtió Alaya en un auto. Aunque ha centrado sus esfuerzos en marcar distancias con el pasado de los ERE, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha defendido la inocencia de Chaves y Griñán. Ayer, volvió a hacerlo el PSOE andaluz a través de un escueto comunicado.

Por el contrario, nadie duda de que los letrados del PP, Luis García Navarro y Lourdes Fuster, muy activos en la solicitud de diligencias y combativos en los interrogatorios, van a dirigir toda su munición acusatoria contra Chaves y Griñán.

La sala de la Audiencia de Sevilla que enjuiciará la pieza de los ERE en la que están procesados los expresidentes socialistas y otros 24 ex altos cargos se va a decidir por un sorteo entre las secciones penales del órgano judicial sevillano. El juicio no se celebrará antes de 2017.

El sistema de sorteo ha sido aprobado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tras la propuesta realizada por el presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez, para el reparto de los asuntos de especial complejidad.

El reparto comenzará con aquella sección penal a la que, por un sorteo que se hará a mano, se le asigne el primero de los asuntos de especial complejidad, y se continuará sucesivamente con las restantes secciones por orden numérico.

En la Audiencia de Sevilla, las secciones penales son la Primera, Tercera, Cuarta y Séptima, aunque esta última no podría enjuiciar el caso porque ha sido la que ha resuelto todos los recursos de los ERE, un caso que empezó a instruir en enero de 2011 la juez Mercedes Alaya.