CASO FAFFE
La juez Núñez rectifica y accede a investigar los «enchufes» de la fundación Faffe el día que se da de baja
Admite ahora el recurso del PP-A y solicita al Servicio Andaluz de Empleo los expedientes de la selección de su personal
El mismo día que la juez instructora del caso Faffe, María Núñez Bolaños , se dio de baja alegando «motivos personales», firmó un nuevo auto ordenando parte de las pesquisas solicitadas por la acusación popular que ejerce el PP andaluz en la causa que investiga el supuesto desvío de fondos públicos de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). La magistrada rectifica y accede ahora a investigar el «enchufismo» de esta fundación creada por el Gobierno andaluz en 2007, que funcionó como «una agencia de colocación» para allegados y excargos del PSOE.
Mediante un auto del martes 18 de junio, al que ha tenido acceso ABC, la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha admitido parcialmente un recurso presentado por el PP andaluz contra una resolución suya en la que rechazaba las pesquisas. La Fiscalía Anticorrupción, en cambio, no se opuso a la mayoría de las diligencias que solicitaba esta parte.
Dicha resolución se produce después de que los seis fiscales Anticorrupción elevaran un escrito de queja al fiscal jefe de esta Fiscalía, Alejandro Luzón, en el que denunciaban las trabas que pone la instructora a varias causas de corrupción que afectan a los anteriores gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía, como los ERE, el caso Avales o la Faffe. La existencia de dicho informe trascendió a la opinión pública el pasado miércoles a través del periódico El Independiente.
En su escrito, la magistrada accede a encargar a la Intervención General de la Junta de Andalucía -en lugar de la Intervención del Estado, como había pedido el PP-A- que «se examinen los contratos de adjudicación formalizados por la Faffe desde 2007 hasta su extinción». El perito no deberá haber participado en la liquidación de la Faffe, pone como condición.
Aunque inicialmente rechazó esta solicitud de la acusación popular que ejerce el PP-A, la juez también accede ahora a indagar en el «enchufismo» existente en esta fundación que se financiaba con subvenciones para la formación de los parados andaluces y cuyo responsable máximo pagó facturas en prostíbulos con tarjetas para gastos de representación.
Núñez Bolaños ha librado también un oficio al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que remita al juzgado « los expedientes de personal de las personas que trabajaron para la Faffe desde su constitución hasta su extinción y, particularmente, los documentos relativos al procedimiento de selección y contratación seguido, tales como copias de los anuncios de publicación de las convocatorias o indicación de los boletines oficiales en que se anunciaron o, en su defecto, donde se publicaron dichas convocatorias, copia de las bases reguladoras de los procedimientos, baremos y criterios de selección, copia de las resoluciones de convocatoria y copia de los contratos de trabajo formalizados».
La juez también solicita al SAE las actas de las reuniones del patronato de la Faffe desde su constitución y un informe de las personas que componían el máximo órgano de representación del ente de la Junta de Andalucía. Pide a la agencia autonómica el expediente completo de liquidación.
La juez María Núñez Bolaños ha solicitado una fianza de 12.000 euros al PP para continuar como acusación popular en esta causa. Argumenta que su actuación es «innecesaria y superflua para la defensa de la legalidad», puesto que, desde las elecciones autonómicas del 2 de diciembre que desalojaron al PSOE de la institución, el Gobierno andaluz ya es parte, «obrando en la Junta y por tanto en manos del PP toda la documentación a investigar».
En cambio, Núñez Bolaños se niega a aportar a esta causa toda la documentación relativa a los contratos de personal de Umax que luego recaló en la Faffe, al considerar que tales hechos ya han sido juzgado y se han saldado con una condena de cárcel para cuatro ex altos cargos de la Junta de Andalucía.
En esta causa, tres exdirectores generales de Trabajo, dos exsecretarios generales técnicos y un empresarios han sido condenados. Se les acusaba de crear «una estructura administrativa paralela» en la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo por la que se contrató a trabajadores de la empresa Umax, muchos de ellos con relación «de amistad y vecindad» con los ex directores generales Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, para hacer tareas reservada a funcionarios.
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