La juez Núñez quita presión a la Junta con su carpetazo

El cierre de la principal pieza del caso Formación ha supuesto un bálsamo para los 24 ex responsables de la Junta de Andalucía acusados de participar en una supuesta trama de «clientelismo político» con el único objetivo de fidelizar el voto a costa del reparto arbitrario de ayudas (3.100 millones desde 2002 a 2011) destinadas a la formación de parados y trabajadores. Pero los excargos autonómicos detenidos el 24 de marzo de 2015 durante una tumultuosa operación de la Guardia Civil denominada «Barrado» no son los únicos que han respirado con alivio esta semana cuando conocieron el archivo dictado por la juez María Núñez Bolaños.

El carpetazo a esta pieza da un balón de oxígeno al Gobierno andaluz, que había mostrado sin disimulo sus ansias por enterrar cuanto antes este caso, que había desbancado en el orden de sus preocupaciones al proceso de los ERE, ya amortizado políticamente con el procesamiento de dos expresidentes.

La fecha en que la titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha finiquitado la pieza política -la Justicia tiene sus propios tiempos- no ha podido ser más oportuna para los intereses de los socialistas: en la recta final de la comisión parlamentaria que debe redactar sus conclusiones e identificar a los responsables políticos del fraude de la formación. El auto quita presión también a Ciudadanos -aliado del PSOE- en la difícil tarea de poner de acuerdo a todos los grupos para construir un relato de lo sucedido en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

El diputado del partido naranja Julio Díaz, como presidente de la comisión, tendrá que hilar muy fino si quiere que no se reedite el fiasco de la investigación parlamentaria de los ERE, que se cerró sin dictamen final ni responsables. No lo va a tener fácil porque las posturas están muy polarizadas. PP, Podemos e IU (con muchos matices), que dibujaron en sus análisis un entorno de corrupción en la cúpula de la Junta, ponen el listón de responsabilidades en la Presidencia autonómica (Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz). Ciudadanos exonera a la actual mandataria y el PSOE no halla ningún culpable del descontrol.

El archivo se circunscribe al ámbito penal: la juez no ve malversación de fondos públicos ni prevaricación ni red clientelar en la actuación de los excargos. La comisión, en cambio, intenta determinar las responsabilidades políticas por las «irregularidades administrativas o, en su caso, de menoscabo de fondos» que Núñez sí detecta. En la práctica, ambos planos (político y penal) se han mezclado en un totum revolutum para interferir en el dictado final de la investigación parlamentaria.

Relato del PSOE

Si el pasado martes era el portavoz del Gobierno andaluz quien exigía disculpas a quienes pusieron en solfa la honradez de los investigados, ayer abundaron en esta estrategia los parlamentarios andaluces Marisa Bustinduy y Rodrigo Sánchez Haro. No es casual que hablaran los portavoces del PSOE en la comisión. «La Justicia ha ratificado el hundimiento de la farsa política que ha montando el PP con los cursos de formación», se ufanó Sánchez Haro. Sólo tuvo que rematar la pelota que le había puesto un día antes la magistrada con un auto cargado de dinamita contra el PP y la Guardia Civil. Núñez replicó a este partido, acusación particular en la causa, que «carece del más mínimo rigor» investigar a los excargos socialistas beneficiados con ayudas.

El PP, por boca de su portavoz parlamentaria, Carmen Crespo, trató de centrar el debate al reclamar responsabilidades políticas «por los millones de euros perdidos en la formación de parados en Andalucía».

El Ejecutivo andaluz tampoco las tiene todas consigo porque los distintos juzgados que analizan los cursos se emiten señales y autos contradictorios. A diferencia de Núñez, el juez Javier Romero ha procesado al ex delegado de Empleo y a otros seis responsables de la Junta en Huelva por permitir, por acción u omisión, que se dilapidara y se malgastara dinero público destinado a la formación de personas en situación de desempleo.