La juez Núñez imputa en el caso ERE a los exsecretarios de UGT-A y CCOO-A

La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE irregulares en Andalucía, ha abierto una nueva pieza separada en relación con las ayudas sociolaborales por valor de más de 40 millones concedidas durante la crisis de la minería de la Faja Pirítica de Huelva y ha incluido como investigados en la misma a 25 personas, entre ellas dos ex altos cargos que formaban parte del Gobierno de José María Aznar en 2003, a seis ex altos cargos de la Junta y a los ex secretarios generales de UGT-A, Manuel Pastrana, y de CCOO-A, Francisco Carbonero.

En un auto fechado el día 26 de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla incluye en esta nueva pieza separada de los ERE a la ex secretaria general de Empleo y la ex directora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Carmen de Miguel García y Soledad Córdova Garrido, respectivamente.

Asimismo, y por las ayudas concedidas en 2003 a los trabajadores de cinco compañías mineras de la Faja Pirítica, la juez acuerda investigar a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; al exviceconsejero del ramo Agustín Barberá, y a los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, además de a diez sindicalistas, cinco trabajadores incluidos como 'intrusos', un abogado y un mediador de seguros.

Ese mismo día, y según expone la magistrada, los mismos participantes firmaron el protocolo de actuaciones para las prejubilaciones, por el cual la Junta «provisiona seis millones de euros como parte del pago de la cuota por las prejubilaciones»", adquiriéndose el compromiso por el colectivo de extrabajadores de que «aportará al plan las cantidades que les correspondan por indemnización», protocolo que «no incluye a los colectivos históricos».

Con fecha 31 de julio de 2003, se firmó el protocolo de adjudicación de las pólizas de prejubilaciones de la Faja Pirítica de Huelva, encontrándose presentes las federaciones estatales de FM-CCOO y FIA-UGT y firmando Guerrero en nombre de la Dirección de Trabajo, de forma que se le asignaron a la compañía Vitalicio las pólizas de Río Tinto (300 prejubilados) y a La Estrella las Minas de Almagrera (256), Filón Sur (19), Nueva Tharsis (55), Navan (6), así como el colectivo de históricos, Insersa (6) y Bolsa de Tharsis (40).

Fogasa

La juez asevera que «la persona que se encarga de la operación, coordinación y el seguimiento» de las pólizas «por acuerdo de todas las partes» fue el dueño de Uniter José González Mata.

En este punto, la instructora considera que la asociación «se crea como instrumento de gestión y canalización de las ayudas que la administración tiene la intención de dar a los afectados por la crisis de la minería», mientras que los trabajadores «contribuirán a la financiación de las pólizas aportando las indemnizaciones que puedan recibir de las empresas o del Fogasa».

Por ello, la asociación «comienza a solicitar a aquellos extrabajadores que ya habían cobrado su indemnización, bien sea del Fogasa o bien sea directamente por la empresa, que lo ingresaran en las cuentas de la asociación, lo cual realizan mediante un ingreso por un importe único o bien en diversos pagos», a lo que se suma que, «utilizando los poderes notariales que poseen, la asociación se persona en representación de los extrabajadores para que los mismos reciban la indemnización del Fogasa, pero dichos fondos serán ingresados directamente en las cuentas de la asociación».

Según la juez, el Ministerio de Trabajo, a través de la Secretaría General de Empleo, libró 15 resoluciones para la concesión de ayudas extraordinarias, siendo los solicitantes Rafael Varea (CCOO) y Víctor Fernández (UGT) en todas ellas «en calidad de representantes de los trabajadores solicitantes de ayudas extraordinarias», sumando un importe total de 34.594.664,01 euros.

Así, se realizaron tres resoluciones por cada mina, como son Almagrera, Filón Sur, Nueva Tharsis, Navan Resource y Minas de Río Tinto, con fechas 1 de diciembre de 2003, 1 de septiembre de 2004 y 29 de septiembre de 2005.

Entre los imputados, también se encuentran dirigentes sindicales de UGT como el propio Manuel Pastrana, Salvador Mera, Víctor Fernández, Manuel Chaves Castilla, Luciano Gómez o Begoña Abdelkader, y responsables de CCOO como Francisco Carbonero, Rafael Varea, Manuel Roberto Carmona Soto o Juan Manuel Moreno Valero.