La juez de los ERE lamenta que algunos imputados sean «víctimas» y no «delincuentes»

La juez María Núñez Bolaños ha archivado la causa contra cuatro personas imputadas en el caso de los ERE fraudulentos, entre ellas dos sindicalistas de CCOO, en un auto donde lamenta que en esta causa han sido imputadas personas que, «valoradas en este momento sus circunstancias, lejos de poder ser consideradas delincuentes, podrían ser consideradas 'víctimas'» de esta 'macrocausa'.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada asevera que en la 'macrocausa' de los ERE, «por sus dimensiones, ha resultado complicado descender al detalle de cada caso, ayuda o persona, pero tras la división resulta necesario hacer un estudio detallado de cada ayuda, de cada persona, ajustando a derecho la situación de cada una de ellas, personas imputadas en la 'macrocausa' inicial».

Así, la instructora archiva la causa contra cuatro personas imputadas por el ERE del Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga), como son Gonzalo Fuentes, integrante de la federación de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO de Málaga; José Cabrera, miembro del Comité de Empresa como secretario de la sección sindical de CCOO; Miguel Rodríguez, director del hotel, y Claudio Andrés Sendino, trabajador del mismo.

Los dos sindicalistas aludidos pidieron el archivo recordando que fueron imputados por «participar activamente» en el proceso de regulación de empleo del Hotel Cervantes, «facilitando el proceso y siendo conocedores de la inclusión en dicho expediente» de los trabajadores Claudio Andrés Sendino y José Antonio Cuevas «mediante su contratación fraudulenta en el Hotel Cervantes muy poco tiempo antes de la solicitud del ERE».

No obstante, ambos defienden que, desde sus respectivos puestos, «se limitaron a informar y asesorar en Asamblea a los trabajadores del hotel sobre las cuestiones laborales del ERE».

La magistrada recuerda que, el 13 de diciembre de 2016, ya archivó la causa contra otro trabajador del hotel, José Antonio Cuevas, mediante un auto donde recogía «la imposibilidad de sostener que el trabajador pudiera tener conocimiento de su ilegal contratación o ilegal inclusión" en el ERE porque dicha contratación o inclusión, "desde el análisis de nuestra jurisprudencia en materia laboral, no puede ser considerada ilegal».