CASO ERE ANDALUCÍA
Los interventores se rebelan en el juicio del caso ERE contra la pasividad de los políticos
«La actuación del interventor no salva la responsabilidad de nadie» por las irregularidades, afirma Juan Luque
Me pregunto cuántas veces se tiene que avisar de que se están haciendo las cosas mal. ¿Veinte, treinta veces...? Qué norma dice que hay que decir las cosas más de una vez ».Victoria López Gutiérrez, interventora delegada de la Consejería de Empleo entre 2004 y 2008, se revolvió en el juicio del caso ERE contra la estrategia, más o menos sibilina, de algunos abogados de las defensas para desplazar su responsabilidad por el reparto de ayudas irregulares hacia los funcionarios encargados de controlar los gastos de la Junta de Andalucía.
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El posterior interrogatorio de Juan Luque , interventor de la Consejería de Empleo entre 2008 y 2012, siguió los mismos derroteros en la sesión del juicio de este martes. Trató de salvaguardar el papel de los interventores en el caso ERE asegurando que la fiscalización de las transferencias «era muy parca» y limitada a «aspectos formales», pero «de ninguna manera» podían conocer el destino del dinero.
El guardia y la aduana
El abogado de Fernández trajo a colación su declaración policial, que ratificó con algunos matices. Luque, que estuvo investigado en esta causa, aseguró que le resultó «extraño» que la Cámara de Cuentas no haya auditado a la agencia IDEA . Se quejó de que se cuestione «si los interventores hicimos o dejamos de hacer; parece que estamos más acusados que los acusados».
El testigo cargó contra la pasividad de los políticos: « Cada uno tiene su responsabilidad y la nuestra se restringe al control ». Comparó su labor con la de un guardia en una aduana: «Cada vez que pasa una materia prohibida, la culpa no puede ser del agente». «No salva la responsabilidad de nadie la actuación del interventor ni ésta puede ir más allá de lo reglado», afirmó.
La interventora Victoria López declaró como testigo en el proceso contra un sistema supuestamente fraudulento de ayudas a empresas y prejubilados que ha reunido en el banquillo a dos expresidentes de la Autonomía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán , a seis exconsejeros, tres exviceconsejeros, tres ex directores generales, dos exsecretarios generales técnicos de Empleo, un exinterventor general de la Junta, dos exdirectores generales de la agencia pública IFA/IDEA —que pagaba las ayudas— y el antiguo jefe del Gabinete Jurídico.
La airada reflexión de la funcionaria llegó justo cuando Manuel Pérez Cuajares, abogado del exdirector general de Trabajo Juan Márquez, le preguntó cómo era posible que nadie en la Intervención «tomara cartas en el asunto por no fiscalizar bien las transferencias de financiación».
López Gutiérrez recordó que el Control Financiero Permanente del IFA/IDEA «hizo informes y estuvo dando aviso de que se estaban haciendo mal las cosas» pero a la Consejería de Empleo « no le interesa, no le importa y sigue haciendo lo mismo» y siguió utilizando un sistema inadecuado para financiar las ayudas cuyo pago derivó al IFA/IDEA.
« Yo sé lo que hice y sé lo que no hicieron los que debieron hacerlo », advirtió, tras señalar que la actuación de la Intervención «está basada en unos procedimientos». También se mostró ofendida con el letrado del exconsejero Antonio Fernández, que le planteó que en los presupuestos de la Junta figuraban las transferencias de financiación de IDEA dentro de un programa de ayudas sociolaborales. «Yo y los interventores que pasaron por allí desconocíamos el destino final que se estaba dando a las transferencias», contestó la funcionaria que le acusó de mentir.
