Chaves, Griñán, Zarrías, Viera, y otros acusados por los ERE
Chaves, Griñán, Zarrías, Viera, y otros acusados por los ERE - EFE/ José Manuel Vidal
Juicio de los ERE

El interventor defiende que los consejeros de la Junta de Andalucía pudieron parar las ayudas de los ERE

«La intervención es el clavo ardiendo al que se agarran ciertos políticos para eludir sus responsabilidades», dice la defensa de Gómez en la última semana del juicio

SevillaActualizado:

Comienza la primera jornada de la ultima semana del juicio de los ERE que, si no hay mas dilaciones, quedará visto para sentencia esta semana después de un año de largas sesiones que han llevado a los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, al banquillo.

El plato fuerte del día ha sido la defensa del interventor que, en los primeros minutos del juicio ha dado un titular y que se ha defendido con un claro ataque. «La Intervención es el clavo ardiendo al que se agarran ciertos políticos para evadir sus responsabilidades», ha dicho el abogado de Manuel Gómez, el que fuera interventor de la Junta de Andalucía y al que la Fiscalía pide seis años de prisión y treinta años de inhabilitación por sendos delitos de prevaricación y malversación.

De hecho, el letrado del exinterventor que emitió varios informes advirtiendo de las irregularidades se ha defendido con una acusación clara al resto de los consejeros procesados en el mismo banquillo. Ha asegurado que cualquiera de los consejeros procesados pudieron parar las transferencias de financiación.

Lo que pudieron hacer

En este sentido, la defensa ha dejado muy claro que el uso inadecuado de las transferencias de financiación era conocido por los miembros del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y que «hubo señales por parte de distintos órganos de la Junta que dieron a entender a la Intervención no sólo que las deficiencias eran perfectamente conocidas, sino también que iba a adoptarse medidas necesarias para su corrección».

El letrado ha explicado que los superiores jerárquicos pudieron dar las ordenes necesarias para parar lo que estaba ocurriendo. Según ha recalcado, el Consejo de Gobierno podría haber dictado las oportunas instrucciones a la Consejería de Empleo, Innovación y Hacienda para que corrigieran las defienciencias advertidas por la Intervención.

Y ha dejado claro que el consejero de Empleo pudo dictar instrucciones al órgano gestor del gasto para que no tramitara las transferencias de financiación o que el consejero de Hacienda pudo impartir instrucciones para que no abonara las citadas transferencias. O el consejero de Innovación pudo impartir instrucciones para que rescindieran los contratos. «Cualquiera de estos órganos estaba habilitado para suspender las transferencias de financiación o el uso inapropiado de las mismas», ha recalcado.

«En el ejercicio de sus respectivas facultades discrecionales, se adoptaron una serie de decisiones, cuando se debían haber adoptado otras que hubieran puesto fin al sistema», ha dicho el abogado. Al igual que se hacía uso de la partida de las TF, se podía haber dejado de presupuestar, se podían no haber aprobado las medidas que incrementaban el crédito de la partida, podía no haberse tramitado ni la TF ni la MP, podría no haberse firmado el convenio de 2001 o podrían no haberse concedido las ayudas o no haberse ordenado su pago», ha dicho.

No conocía el delito

El abogado de Gómez, José Rebollo, se ha referido a la acusación de malversación sosteniendo que «del hecho de que Gómez conociese las irregularidades no puede desprenderse que conociera que se estaba cometiendo un delito por terceras personas» y ha insistido en que no hay «equiparación posible entre conocimiento de irregularidades administrativas y menoscabo de caudales públicos».

Durante la defensa de Gómez, que el afectado ha escuchado muy atentamente desde el banquillo, su abogado ha insistido en que actúa en cumplimiento de la normativa que resulta de la función de interventor y que en cumplimiento de esa norma emitió numerosas advertencias y que su actuación fue siempre conforme a derecho.

«Los numerosos informes que emitió advirtiendo las irregularidades, es del todo contradictorio con considerar que quien año tras año denuncia las irregularidades pueda tener la voluntad de que estas se comentan», ha recalcado el abogado en referencia a los informes de Gómez advirtiendo de las irregularidades.

En esa línea de defensa, Rebollo ha destacado que no hay elementos de base para imputar a su cliente y ha resaltado la falta de carácter penal de los hechos que se le imputan advirtiendo también al tribunal de que no debe resolver «mediante un planteamiento inquisitivo» y que no puede introducir para el acusado hechos sustancialmente distintos de los formulados por la acusación ya que el tribunal invadiría terreno del acusador.

El abogado ha dicho además que no pensaba defenderse de las extensas acusaciones de otras defensas «tan extensas como carentes de fundamentos» y que se basan en una estrategia de «defensa a la desesperada». En este sentido ha defendido que carece de sustento legal reprochar al interventor que no informase de una modificación presupuestaria.

Luego el letrado se ha extendido en la defensa técnica de la actuación del exinterventor y ha calificado la acusación como «difusa y raramente imprecisa». En esa línea, el abogado también ha destacado que un informe desfavorable no tendría efecto suspensivos y no hubo motivo legal apra informar de las modificaciones presupuestarias ya que no hubiera tenido eficacia para impedir que se siguieran concediendo ayudas.

Finalmente la defensa ha sostenido que la Intervención no tuvo ningún papel en la toma de decisiones y que no ostentaba ninguna facultad para poner fin al sistema, tal y como se le ha reprochado. «Resulta sorprendente que quienes pervierten un sistema con el fin de eludir los controles de la Intervención y quienes no supieron reaccionar frente al mismo, reprochen a la Intervención una supuesta falta de control que no era posible», ha concluido el abogado de Gómez.

El juicio sigue con el informe del abogado del que fuera jefe de los servicios jurídicos de la Junta, Francisco del Río.