CASO ERE ANDALUCÍA
Un informe pericial de «corta y pega» en el juicio de los ERE
El dictamen propuesto por Aguayo tiene veinte párrafos «copiados» de las actas de la comisión de investigación; los autores niegan que sea plagio
Apenas había terminado el presidente del tribunal, Juan Antonio Calle Peña, de pedir a los peritos que pusieran sus móviles y tablets «en modo avión» para evitar el envío de instrucciones de los abogados, cuando el letrado del PP, Luis García Navarro, lanzó una acusación-bomba contra uno de los juristas de parte en el juicio del caso ERE .
El abogado reprochó el pasado miércoles a Juan Antonio Carrillo y Juan de Dios Jiménez Aguilera que «han plagiado parte de su informe» pericial presentado al tribunal por encargo de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo. García Navarro especificó que «copian declaraciones» realizadas por Antonio Ávila, exconsejero de Economía, en la comisión de investigación. Añadió que su objetivo era «desacreditar» el informe toda vez qu e copia «sin citar» opiniones que no son «originales» , modificando sólo algunas palabras, según explicó a preguntas del juez.
Carrillo salió al paso de las críticas asegurando que ha citado «documentos públicos» en el informe pericial que «no están protegidos intelectualmente» . Agregó que el plagio es un delito que no se produce en este caso porque en su dictamen asegura que se ha basado en informes incorporados a la causa por la que son juzgados 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía. Tras la queja de algunas defensas, el juez dio por zanjada la cuestión.
Juan Antonio Carrillo firma el dictamen como catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Loyola, donde estuvo trabajando hasta principios de año. Es abogado y socio fundador del bufete SdP Estudio Legal. Como profesor asociado en la Hispalense, cuenta con la acreditación Aneca, la habilitación que le permitiría optar a una cátedra en la Universidad pública.
Éstos son algunos de los párrafos donde aplica un corta y pega sistemático del documento de la comisión de investigación en el informe que ambos profesores firman para apuntalar la posición de Carmen Martínez Aguayo, acusada de prevaricación y malversación en el juicio del caso ERE:
El antepenúltimo párrafo de su informe (página 15) coincide casi exactamente con las cuatro últimas líneas de la declaración de Antonio Ávila, recogida en la página 438. « Creo oportuno y también relevante aportarles una reflexión económica sobre el contexto en el que se enmarca el objeto de esta Comisión. Reflexión sobre el escenario en el que se ha desenvuelto la economía andaluza hasta el umbral del año 2000 y durante la última década, que debe permitir entender mejor el período 2001-2010, al que se refi eren los trabajos de esta Comisión».
La página 16 el informe y los nueves primeros párrafos de la página siguiente coinciden «esencialmente con los párrafos tercero a decimotercero de la página 439 de la declaración de Antonio Ávila», según pone de manifiesto el análisis efectuado por los letrados del PP. Se reproducen hasta los puntos y aparte. Basta con comparar los documentos. Entre las frases milimétricamente replicadas están las siguientes: « Durante la crisis, la industria resultó especialmente afectada por la caída de la demanda nacional , y también por la pérdida de competitividad —vía precios— derivada de una fuerte cotización de la peseta», donde sólo elimina los guiones. O esta otra: «En 1995 se inicia una nueva fase expansiva de la economía andaluza, impulsada por una fuerte demanda interna de la economía española, aunque la tasa de desempleo siguió aumentando y llegó a superar el 36% en 1996».
El informe pericial reproduce en su página 33 el primer párrafo de la página 442, donde sólo cambia la palabra «así», al comienzo, por «como acaba de exponerse». El párrafo copiado es el siguiente: «Así, desde el Gobierno andaluz, y con la participación de agentes económicos y sociales, se han venido desarrollando medidas y actuaciones para defender la industria, para propiciar su modernización y contribuir a la defensa del empleo, así como para atender las necesidades de trabajadores en grave situación de desempleo, sobre todo de aquellos de mayor edad o con mayores dificultades para su reinserción».
La página 441 del documento de la comisión de investigación se reproduce casi íntegramente en las páginas 34 y 35. En ella se advierte, por ejemplo, que « la solicitud de expedientes de regulación de empleo debía acompañarse , entre otros elementos, de un plan de acompañamiento social que contemplase las medidas previstas por la empresa para evitar o reducir los efectos del despido colectivo, esto es, para mejorar la empleabilidad de los trabajadores afectados y contribuir a evitar su expulsión indeseada y prematura del mercado de trabajo».
Por último, los cuatro últimos párrafos de la página 35 y la 36 completa hasta la mitad del penúltimo párrafo del informe pericial coinciden con el último párrafo de la página 439 y la página 440 completa, donde se cita como fuente, en este caso, al Instituto Nacional de Estadística, y se efectúa otro «corta y pega» de declaraciones de Antonio Ávila.
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