ENTREVISTA
Ignacio Méndez, secretario de la Junta: «Este año terminaremos con la bola de subvenciones sin justificar»
El secretario general de la Consejería de Hacienda de la Junta anuncia la puesta en marcha de un plan para saldar la deuda pendiente con los ayuntamientos
Sobre la mesa de su luminoso despacho con vistas al río y a la cubierta ajardinada de la Torre Sevilla, Ignacio Méndez (Cádiz, 1963) tiene tres libros que, asegura, no pueden faltar en la biblioteca de un gestor de empresas: «El pequeño libro de las grandes decisiones», «El arte de la guerra» y «Meditaciones», de Marco Aurelio. Un compendio de estrategias útiles para lograr la victoria sin entrar en conflicto y resolver con éxito problemas tan complejos como los que se ha topado este experimentado inspector de Hacienda encargado de coordinar las políticas tributaria y presupuestaria de la Junta , la «mayor empresa» de Andalucía.
La Junta de Andalucía acumula 1.934 millones de euros en dinero abonado sin justificar, que corresponde sobre todo a subvenciones, según el último informe de la Cámara de Cuentas del ejercicio 2017. Hay incluso libramientos pendientes desde hace 30 años que han creado un efecto de una bola de nieve. ¿Va a impulsar algún plan para ponerse al día?
Tenemos un plan para analizar a qué obedecen esos libramientos pendientes de justificar y para ponerles remedio. Ese plan, que tiene varias fases, ha comenzado con la remisión de la información a todas las secretarías generales técnicas para saber el problema que tienen. Habrá un análisis individualizado con las cuatro consejerías que acumulan el mayor volumen de libramientos. Éstos se dividen en tres bloques: los más recientes, de 2017 y 2018, podemos resolverlos mejorando la gestión. Básicamente, son subvenciones sin justificar. Si tuviéramos un proceso telemático de presentación y análisis de los documentos, ese proceso se agilizaría. El problema es que la documentación se sigue presentando todavía en papel. Eso implica que el trabajo de los funcionarios es mucho más penoso y lento. Luego tenemos un bloque intermedio, que abarcaría desde 2009 a 2016, en el que hay problemas de retrasos acumulados y de falta de justificación. La Consejería de Empleo, la más afectada, tiene planes de choque para revisar los expedientes. Luego hay un volumen muy antiguo de apuntes contables que debieron darse por depurados y que coinciden con el cambio de sistema informático. Al menos la mitad de la cuantía se puede dar de baja contable. Nuestra intención es terminar este año con esa bola de fondos sin justificar.
¿En el proyecto de presupuestos de 2019 hay mecanismos para controlar las ayudas que se anticipan?
En efecto, en lugar de adelantar un 75 por ciento de los fondos, se va a anticipar el 50 por ciento de las ayudas, salvo aquellas que se pagan al cien por cien por su naturaleza socioeconómica y que van destinadas, por ejemplo, a personas sin recursos.
¿Cuál es la deuda actual de la Junta de Andalucía y cuántos intereses se pagan a los bancos cada día? ¿Tienen prevista alguna medida para reducir esa carga financiera?
La deuda se sitúa en torno a 35.000 millones. El porcentaje de deuda sobre el PIB es relativamente bajo en comparación con otras comunidades. Estamos dentro de los objetivos de sostenibilidad. Vamos a estar en superávit primario este año, lo que significa que si descontamos el gasto en intereses, que asciende a 450 millones al año —son unos 1,2 millones al día—, habrá superávit. Si la economía sigue creciendo al ritmo previsto, el porcentaje de deuda sobre el PIB va a seguir bajando. El objetivo de la UE es que la deuda de las comunidades autónomas no supere el 17% del PIB en el conjunto del Estado. Vamos a tener un presupuesto con déficit cero en 2020 y eso va a reducir la deuda con respecto al PIB.
¿El Gobierno andaluz va a poder ejecutar el presupuesto para 2019, teniendo en cuenta que va a estar en vigor durante unos seis meses?
No es exactamente así, porque el presupuesto nuevo tiene que subsumir todo lo que se viene haciendo. El capítulo de sueldos y salarios se viene ejecutando con normalidad.
Pero hay inversiones nuevas que no estaban en las cuentas anteriores.
Las inversiones son el punto clave. El objetivo es ejecutarlo mejor que antes, aunque no se puede ejecutar al cien por cien. Vamos a tener reuniones con todas las consejerías para hacer un seguimiento de la ejecución.
El PSOE ha planteado una enmienda al proyecto presupuestario para suprimir la rebaja al 99% del impuesto de sucesiones y donaciones. Calcula que obtendría 80 millones para mejoras en colegios e institutos. ¿Qué efecto tendría revertir esta medida?
Eso es absolutamente incorrecto. Los 80 millones corresponden en realidad a la pérdida de recaudación porque el anterior Gobierno fijó un mínimo exento de un millón de euros en 2018. La reducción de ingresos en este impuesto será de 10 millones en 2019 y 28,5 millones al año siguiente.
¿Se han producido más donaciones desde que se aplicó la rebaja?
Sólo en mayo ha habido un 88% más de donaciones tras la rebaja fiscal. Afloran aquellas que en otras circunstancias habían quedado ocultas porque es un impuesto muy difícil de comprobar. La donación en metálico puede ir dirigida a la adquisición en vivienda y eso permite reactivar la economía.
¿Planea alguna medida para los expedientes en curso y nuevas rebajas para familiares no directos en el impuesto de sucesiones y donaciones?
No vemos ninguna posibilidad de actuar en los expedientes en curso porque la comunidad no tienen competencias. Se puede ampliar la flexibilidad en el pago, eso sí.
¿Hacienda va a impulsar nuevas rebajas de impuestos en 2020?
Todavía no conocemos la financiación del Estado para 2020 y va a haber mucha incertidumbre. Pero hay medidas en estudio para el apoyo fiscal a familias y la financiación de pymes.
¿Se va a reducir el gasto de funcionamiento de la Administración?
Queremos analizar algunas partidas de gasto. Si somos capaces de sacar adelante el plan de transformación digital, la reducción del gasto va a ser inmediata. No tenemos notificaciones electrónicas en la Junta a día de hoy a pesar de que es obligatorio para personas jurídicas desde hace tres años. Esto es prioritario para mejorar y generaría unas eficiencias en gasto brutales y el personal que está ahí se podría dedicar a gestionar expedientes. La Agencia Tributaria de Andalucía va a ser pionera en la transformación digital que queremos hacer.
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