La Guardia Civil advierte a la sustituta de Alaya del «importante retraso» en la investigación de los cursos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha advertido a la juez María Núñez Bolaños, que investiga la 'macrocausa' de los cursos de formación, de que «la falta de la documentación necesaria para el progreso de la investigación provoca un importante retraso y perjuicios al resultado» de la misma, por lo que le ha solicitado que vuelva a requerir a la Junta documentación sobre los entramados empresariales vinculados al ex vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco y al exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda.

En un oficio fechado el 4 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, la Guardia Civil pide a la magistrada que requiera distinta documentación a la Dirección General de Formación y a la Intervención General de la Junta y subraya los «retrasos» que se están produciendo «en disponer de dicha información» y también «el menoscabo que ello supone para la eficacia de las investigaciones que se realizan», por lo que reitera la «necesidad» de disponer de la misma y solicita que «se requiera nuevamente la misma a los organismos que disponen de ella».

«La falta de la documentación necesaria para el progreso de la investigación provoca un importante retraso y perjuicios al resultado de la misma», subraya la UCO, que precisa que el estudio de la documentación solicitada «requiere una planificación previa de personal y medios de esta Unidad», no obstante lo cual se pone a disposición de la juez «para la práctica de aquellas investigaciones que pueda considerar oportunas realizar».

De este modo, los agentes de la UCO piden a la instructora que reitere su petición para que la Dirección General de Formación de la Junta aporte los informes relativos a la revisión de los expedientes de subvenciones otorgadas al entramado de empresas vinculadas a Rafael Velasco, Ángel Ojeda, José María Pérez González, José Sivianes y a la empresa Multiservicios y Limpiezas Doñana, de José Fernández de los Santos.

Asimismo, y en este oficio consultado por Europa Press, la Guardia Civil pide que, por parte de la Dirección General de Formación, se aporte copia de los expedientes de reintegro de las subvenciones otorgadas a UGT, CCOO y CEA, así como de las resoluciones de exceptuación a la limitación comprendida en el artículo 124.1 del Decreto Ley 1/2010 de 2 de marzo publicadas entre los años 2007 y 2013.

Informes de actuación

De igual modo, solicita a la juez que vuelva a requerir a la Intervención General de la Junta para que aporte los informes de actuación que haya abierto con ocasión de los informes especiales correspondientes al periodo 2009-2012, así como el informe que se haya podido elaborar a requerimiento judicial sobre las subvenciones cuya concesión correspondía al órgano central del SAE.

Para finalizar, interesa una copia digitalizada de los expedientes de subvenciones incautados en la sede de la Dirección General de Formación.

Los agentes de la UCO explican en el oficio que una de las líneas de investigación que se marcó dentro de esta 'macrocausa' fue la relativa a la «supuesta concesión irregular de subvenciones a determinados entramados empresariales y el uso que de esos fondos habrían realizado sus responsables», de manera que «se marcaron cuatro entramados» vinculados a Ángel Ojeda, Rafael Velasco, José María Pérez González y José Sivianes, al que se sumó posteriormente la empresa Multiservicios y Limpiezas Doñana.

Al hilo, la UCO explica que, «de manera genérica, la investigación sobre estos entramados se pretendía realizar» mediante la revisión de los trámites de concesión, control y justificación de los expedientes de subvención correspondientes a las empresas que componían dichos entramados, de manera que para su revisión se acordó por medio de tres autos sucesivos que funcionarios de la Dirección General de Formación de la Consejería de Educación realizasen dicha función.