CASO FORMACIÓN

La Guardia Civil acusa a la Junta de Andalucía de impedir investigar al ex número 2 del PSOE-A

La UCO pide amparo a la juez por retrasar la Administración informes de ayudas

SEVILLA Actualizado: Guardar
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El Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido a la juez María Núñez Bolaños que ordene a la Dirección General de Formación de la Junta que realice el estudio de cinco expedientes de subvenciones concedidas a la academia Aulacen Cinco SL, vinculada al exvicesecretario general del PSOE andaluz Rafael Velasco. También pide que examine otras tres ayudas dadas a la empresa Fumigación Aérea Andaluza S.A. (Faasa), dentro de las diligencias sobre el fraude de formación que afectan al entramado empresarial del exdirigente socialista. Faasa está siendo investigada por otra juez por el supuesto amaño de un concurso para contratar medios aéreos del Plan Infoca.

La UCO también solicita a la titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla que, mediante un mandato judicial, emplace a este departamento autonómico a remitir informes sobre cinco subvenciones que se concedieron a sociedades ligadas al empresario José María Pérez González.

Por medio de estos dos escritos, registrados en el juzgado el pasado día 3, los investigadores se quejan de que llevan más de un año esperando informes para conocer «el destino aplicado a los fondos públicos».

En un escrito dirigido al juzgado el 21 de septiembre de 2015, petición que reiteraron cuatro veces más (la última vez el pasado agosto), los agentes advirtieron de que «no se dispone de los informes requeridos a la Dirección General de Formación, lo que impide continuar con la investigación de los hechos».

La UCO argumenta que necesita «disponer cuanto antes» de estos estudios para cotejarlos con los movimientos de las cuentas bancarias de los beneficiarios de ayudas y «profundizar así en la investigación».

Recuerda a la juez que funcionarios de la citada dirección «nombrados como auxilio judicial» debían realizar estos informes, tal y como solicitó la anterior instructora, Mercedes Alaya, en enero de 2015. «A pesar de la reiteración en la solicitud, el auxilio judicial no se ha producido», denuncian los investigadores que han pedido amparo a la magistrada para que mueva ficha.

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