José Antonio Griñán, durante el juicio por el caso ERE
José Antonio Griñán, durante el juicio por el caso ERE - EFE

Caso de los ERE de AndalucíaGriñán dice que la acusación se basa en juicios valorativos o «de inferencia»

La defensa insiste en que la Intervención no alertó del menoscabo de fondos públicos y que no hay pruebas contra él

SevillaActualizado:

En la mañana de este miércoles se cumple un año justo del inicio del juicio de los ERE que, si no hay más dilaciones, quedará visto para sentencia el próximo lunes. Y la sesión de hoy la ha ocupado el letrado José María Mohedano, que defiende al expresamente de la Junta y que considera que su cliente debe ser absuelto.

La línea mantenida por la defensa ha sido similar a la de ayer. Si en la jornada del martes el letrado cargó contra el interventor porque según dijo, incriminó al expresidente de la Junta con la intención de buscar una prueba de cargo y conseguir la benevolencia del tribunal, hoy ha seguido en términos similares.

Las tesis que ha mantenido Mohedano se basan en que, primero Griñán no recibió el informe de la Intervención alertando de las irregularidades y, segundo, en ese informe no se apreciaba indicios de menoscabo de fondos públicos. Y tampoco indicios de responsabilidad contable. A ello ha unido que considera que todas las acusaciones están basadas en juicios valorativos o de inferencia.

Y a eso añade que la Intervención consideró que las irregularidades se produjeron en la Consejería de Empleo, cuyos titulares por aquellas fechas, Antonio Fernández y José Antonio Viera, son otros de los acusados sentados en el banquillo.

No fue informado

«Si quienes pudieron detectarlo consideraron que no existía menoscabo, ¿cómo iban a saberlo las personas que actuaban según estos informes?. El consejero de Hacienda dado que no fue informado de menoscabo, conocía los datos que la Intervención General hacia constar en la cuenta general de cada año», ha recalcado Mohedano. De hecho, ha dicho incluso que de los números que existían en esa época se desprende la existencia de un superávit o un equilibrio presupuestario en las cuentas.

Durante la sesión, hoy ya más técnica que la anterior, Mohedano ha defendido que las acusaciones han querido que el informe adicional de la Intervención sobre 2003 realizado en 2005 cobrara en el juicio una importancia que en su momento no tuvo. Porque, según ha dicho, después de ese informe no se volvieron a revisar los expedientes de las ayudas de Empleo. En esta línea, ha recalcado que «a partir de que llegó Griñán en el año 2004 ya no se volvieron a examinar por la Intervención los expedientes»

Igualmente ha restado importancia a ese informe insistiendo en que «en ningún momento se inicio procedimientos alguno por la Intervención para la actuación del consejero de Hacienda».

También, al igual que hiciera la defensa de Zarrías, ha cuestionado la prueba pericial de los peritos de la Intervención General del Estado ya que, según ha dicho, ha sido «un intento de que fuera doctrina e interpretación jurídica» y ha denunciado «un desdén» de las acusaciones con respecto a los otros peritos.

Además ha destacado que desde que Griñán llegó a la Consejería de Hacienda hubo una mejora continua del control financiero permanente. «El consejero, lejos de mostrar pasividad, se hizo cargo de toda las propuestas y mejoras que formuló el interventor para mejorar el control financiero permanente», ha dicho.

Sobre el uso de las transferencias de financiación, el abogado del expresidente ha destacado la legalidad de los presupuestos, que fueron aprobados por el Parlamento andaluz y recalcado que era un sistema ya instaurado. Y que las transferencias de financiación del programa 31-L eran «un instrumento legal», aprobado por las leyes.

Sin pruebas

El abogado ha denunciado que a lo largo del juicio las acusaciones han sustituido las pruebas de conocimiento por los juicios valorativos o los denominados «juicios de inferencia». En este sentido ha dicho que las expresiones «pudo haber conocido, debía haber conocido o tenía que conocer todavía retumban» en sus oidos.

Ademas ha calificado como «inadmisible» que se pretenda dar condición de hecho subjetivo a una pura reflexión valorativa y que para condenar a alguien hacen falta pruebas.

De hecho, Mohedano ha dicho que «toda la tesis de este juicio consiste en que unos señores que eran cargos de la Junta se concertaron para instaurar una figura con la finalidad de evitar la fiscalización previa» y que esa teoría «se ha repetido ochenta veces pero no se ha aportado la mas mínima prueba. ¿donde esta la prueba de que se concertaron y de que lo eligieron para evitar la fiscalización previa?», se ha preguntado.

«No se puede juzgar esos hechos por convicciones intimas no probadas desde el principio hasta el final».

Tras el informe de Griñán le tocó al abogado del exconsejero de Empleo, José Antonio Viera y al exdirector de Presupuestos, Antonio Lozano. Con todo es probable que el juicio no quede visto para sentencia hasta el próximo lunes.