CASO ERE ANDALUCÍA
¿El Gobierno andaluz inventó un sistema que impedía el control del dinero público en el caso ERE?
Testigos discrepan en el juicio sobre si el sistema impedía la fiscalización previa de las subvenciones
El tribunal que juzga a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ha llegado a una difícil disyuntiva: decidir si la cúpula del Gobierno andaluz ideó un sistema que desactivó a conciencia los controles administrativos para repartir dinero público a su antojo o si las alertas y filtros estaban pero no funcionaron como debían.
Es una cuestión compleja técnicamente , pero crucial a la hora de acotar la responsabilidad penal que tuvieron los 22 ex altos cargos de tres consejerías que se sientan en el banquillo acusados de prevaricación y/o malversación.
La clave de bóveda de este dilema está en las transferencias de financiación. Un mecanismo que consistía en financiar los despidos —un procedimiento contemplado en la legislación española— mediante el traspaso de los fondos a un ente externo de la Junta de Andalucía , la agencia IFA/IDEA .
Entre los testigos que han declarado a petición de las defensas no hay una opinión unánime. El miércoles, en la misma sesión del juicio, el tribunal escuchó a José Luis Martín Moreno, letrado mayor del Consejo Consultivo, sostener que el uso de las transferencias de financiación «no puede soslayar la fiscalización previa de las ayudas» prevista en el reglamento de subvenciones de 2001, norma que se incumplió sin miramientos.
El letrado mayor del Consejo Consultivo afirma que el sistema no impedía controlar
Minutos después, otro testigo, Adolfo García Fernández, interventor general de la Junta entre 2012 y 2016 , postulaba una teoría distinta cuando le preguntó el fiscal: «el expediente nunca llegó a la Intervención General y malamente puede hacer una fiscalización previa» de las ayudas si la Consejería de Empleo omitió este trámite en las más de 270 ayudas repartidas entre 2000 y 2011. Por eso y porque el propio sistema de las transferencias de financiación impedía el control de la intervención.
Ésta era simplemente una herramienta usada por la Consejería de Empleo para enviar dinero al IFA/IDEA y agilizar de este modo los pagos. «Si no hay un expediente de gasto, no hay fiscalización» al pagarlas otro organismo y no Empleo, lo que «sería una irregularidad administrativa».
Así contestó al letrado del PP Luis García Navarro, después de que éste le preguntara si ese mecanismo hacía «imposible» fiscalizar las ayudas . Después de algunos titubeos y perífrasis, el funcionario admitió que las transferencias no tienen la condición jurídica de subvenciones «contablemente», como él mismo expuso en un informe que obra en la causa y firmó en junio de 2015 por encargo del Tribunal Supremo.
El documento no lo recordaba, pero el fiscal le refrescó la memoria exhibiéndolo en el juicio. Adolfo García sostuvo también que los interventores no detectaron fraude, que los consejeros tienen la «competencia» de controlar a sus directores generales -es decir, Antonio Fernández y José Antonio Viera debieron controlar a Francisco Javier Guerrero-. El ex interventor exoneró de culpa a su antigua jefa, la exviceconsejera Carmen Martínez Aguayo.
Algunas defensas han abrazado con entusiasmo la teoría de que el sistema no impedía controlar las ayudas mediante una doble fiscalización ajena a las transferencias, enunciada por el letrado del Consejo Consultivo y respaldada por el ex número dos de Gaspar Zarrías en la Consejería de Presidencia, Juan Antonio Cortecero. Incluso ha suscitado el interés del tribunal, que ha preguntado a estos testigos sobre el asunto.
Esta vía de escape para algunos acusados compromete a otro procesado, el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez, quien el pasado miércoles pidió la venia del tribunal para aportar «su cualificada opinión técnica» y desmontar la tesis de algunos testigos sobre el asunto, que « es una ficción y era mi deseo hacérselo saber al tribunal ». Pero el juez le respondió que no es el momento procesal para hacer uso de la palabra hasta que llegue el alegato final. «Muchas gracias, señoría, tenía que intentarlo», terció diplomático Gómez.
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