Juan Antonio Calle Peña, juez que preside el tribunal del caso ERE
Juan Antonio Calle Peña, juez que preside el tribunal del caso ERE - POOL/EFE
CASO ERE ANDALUCÍA

La Fiscalía concluye que la Junta de Andalucía agilizó las ayudas a ERE «eliminando» todos los controles legales

En su informe final señala que los 21 ex altos cargos crearon un sistema «totalmente opaco» que impedía conocer a los destinatarios de ayudas

SevillaActualizado:

La Fiscalía Anticorrupción concluye, en la recta final del primer juicio de la macrocausa de los ERE, que los 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía acusados de prevaricación y/o malversación de fondos públicos establecieron y mantuvieron durante diez años un sistema de concesión de ayudas «totalmente opaco» que estaba «sustraído al común conocimiento de los ciudadanos y al conocimiento y control de la Intervención General de la Junta de Andalucía». En palabras de un encausado, recordadas por la Fiscalía, se diseñó un «procedimiento específico» para subvencionar a empresas en crisis que ha sentado en el banquillo, entre otros, a los expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En la segunda sesión del juicio dedicada a la lectura del informe final, el Ministerio Público concluye que en una coyuntura marcada por el cierre de empresas y pérdida de industrias a finales de la década de los noventa del siglo pasado la cúpula del Gobierno andaluz implantó un sistema que acortaba los plazos entre la concesión y el pago de las ayudas a costa de desactivar los controles. Lo expone así en su informe: «La pretendida rapidez y agilidad de las ayudas se consiguió eliminando todos los mecanismos de control legalmente establecidos».

«La pretendida agilidad trastocó todo este sistema legalmente correcto», que habría supuesto distribuir los fondos a través de una norma reguladora que garantizara el cumplimiento de los principios de publicidad, igualdad, libre concurrencia y agilidad, exponen los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra.

En su informe, el ministerio público afirma que hubo una «decisión política» de conceder ayudas para trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas que emana de los acuerdos de concertación social suscritos entre el Ejecutivo, los sindicatos UGT y CC OO y la patronal andaluza. En un primer momento se utiliza la figura de las subvenciones excepcionales, que permitía la fiscalización previa de los fondos por parte de la Intervención, pero tras los reparos legales se modificó por otro que impedía ese control sobre el destino del dinero.

De hecho, los primeros expedientes tramitados en el año 2000 de este modo, que eran ayudas a prejubilaciones de trabajadores de las empresas Iamasa y Hamsa, fueron objeto de informes en contra del interventor delegado de la Consejería de Empleo tanto por el uso de la agencia autonómica IFA/IDEA como entidad colaboradora como por el hecho de que se trataban de ayudas a empresas y podían vulnerar las directrices de la Comisión Europea sobre competencia.

«La necesidad de agilidad y los reparos de disconformidad de la Intervención» llevó, a juicio de los fiscales, a «los responsables del Gobierno de la Junta de Andalucía» a decidir instaurar un sistema nuevo que consistía en que la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo concedía las ayudas pero encargaba su pago a IFA/IDEA traspasándole «en bloque» el dinero a través de la cuestionada figura de las transferencias de financiación.

En su relato en el juicio, la Fiscalía apunta a que el punto de partida de este sistema ilícito fue una modificación presupuestaria aprobada por el Consejo de Gobierno presidido por Manuel Chaves el 18 de abril del año 2000 que supone dar de baja «la correcta presupuestación» de las subvenciones, tras los reparos, y cambiarlo por la aplicación presupuestaria de las transferencias de financiación.

«El primer efecto conseguido es que ya no podíamos identificar al destinatario final de esa subvención excepcional», afirma la Fiscalía. El cambio de sistema se consagró con la firma de un convenio marco entre el presidente del IFA, Antonio Fernández, y el consejero de Empleo, José Antonio Viera, el 17 de julio de 2001.

Para el Ministerio Público, los encausados no quisieron ver que se estaba produciendo un «daño efectivo, real y cuantitativamente muy importante de menoscabo de fondos públicos».