La juez que investiga el caso de los ERE, María Núñez Bolaños
La juez que investiga el caso de los ERE, María Núñez Bolaños - EFE
Caso ERE

La Fiscalía Anticorrupción dice «basta» a la juez Núñez y recurre sus archivos en el caso ERE ante la Audiencia

Califica de «simplistas», «infundados» y «carentes de todo criterio» argumentos de la juez en el auto de Bilore

SevillaActualizado:

La distancia que separa a la Fiscalía Anticorrupción y a la juez instructora del caso ERE, María Núñez Bolaños, es más kilométrica cada día que pasa. En los últimos meses sus diferencias se han agudizado y han quedado plasmadas en escritos y recursos cargados de minas sobre la acción de la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Cuestionan los archivos de piezas separadas sobre ayudas irregulares con cargo al fondo de los ERE y la exclusión masiva de ex altos cargos de la Junta de Andalucía, que están reduciendo en tamaño y trascendencia la macrocausa que abrió la juez Mercedes Alaya en 2011.

La pugna jurídica ha llegado a la Audiencia Provincial de Sevilla. Los fiscales Juan Enrique Egocheaga y María Nazaret Salguero han interpuesto un recurso de apelación contra el archivo de la pieza de las ayudas para pagar a 247 prejubilados de Bilore. Cuarenta de ellos trabajaban en la fábrica de Lucena (Córdoba).

En su recurso, la Fiscalía utiliza expresiones como «simplista», «infundados», «gratuitos» y «carente de todo criterio» para calificar los argumentos expuestos por la juez en su auto del pasado 16 de enero. La juez acordó también el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto al exdirector general de Trabajo Daniel Alberto Rivera y los exresponsables de la consultora Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo.

La Fiscalía afirma que los pagos cruzados no son meras irregularidades y vienen a «convalidar la arbitrariedad de la práctica sistemática de operaciones carentes absolutamente de control»

De esta misma pieza ya habían sido apartados el exconsejero Antonio Fernández y los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, porque han sido juzgados, junto a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el sistema supuestamente ilícito de ayudas.

En su recurso, al que ha tenido acceso ABC, Anticorrupción reproduce las deficiencias detectadas por la Intervención General del Estado sobre las ayudas concedidas por la Junta a Bilore, que ascendieron a 1,7 millones de euros y fueron «concedidas prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido». No se han publicado ni existen bases reguladoras para su otorgamiento. No consta la aplicación de los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad. No hubo solicitud formal de la ayuda. El expediente no se sometió a fiscalización previa de la Intervención de la Consejería de Empleo, como era preceptivo.

La Fiscalía se opone a las exclusiones de ex altos cargos por parte de la juez. Argumenta que no suponen en ningún caso «el sobreseimiento libre del excluido en las actuaciones» sino «su apartamiento de la causa en tanto que no haya sentencia firme o delimitación objetiva de los hechos objeto de enjuciamiento en el denominado procedimiento específico».

El Ministerio Público modificó sus conclusiones finales en el juicio de esta pieza y dejó fuera el año 2010, por lo que pide a la juez que se pronuncie sobre «las nuevas circunstancias». Insiste en que 21 ex altos cargos fueron juzgados por el sistema de ayudas pero no las ayudas en las que intervinieron de forma aislada.

Rivera ordenó el pago de ayudas sociolaborales a extrabadores de Bilore.Para los fiscales, este exdirector debe seguir imputado, porque del análisis del expediente se infiere «una falta absoluta de legalidad en la tramitación de cualquier procedimiento relativo a la concesión de las ayudas y no meras irregularidades», como sostiene Núñez. Asegura que la juez alude a un auto de la Audiencia para desimputar a Albarracín que «no consta» y a un informe de la Cámara de Cuentas que no fiscalizó la ayuda dada a Bilore.

La magistrada alude a «graves errores en los atestados policiales». Anticorrupción replica que dichos errores de la Guardia Civil no se concretan y vierte sobre ellos una duda «de forma totalmente infundada y gratuita, así como carente de todo criterio».

Núñez calificó de lícita la actuación de los intermediarios de Vitalia. La Fiscalía afirma que esta empresa «ni tan siquiera podía operar en Andalucía», y cobraba «comisiones muy por encima del valor de mercado» por gestionar las pólizas. Además, reprocha a la juez su «concepción simplista de los pagos cruzados como simples imputaciones de pago».

Para Anticorrupción, este argumento implicaría «convalidar la arbitrariedad de la práctica sistemática de operaciones carentes absolutamente de control, fiscalización y contabilidad, que se efectúan en detrimento de fondos públicos y no menos acuciantes necesidades sociales».