Caso Ere Andalucía

Fernández defiende en el Juicio de los ERE que las ayudas eran iguales que las del Estado

El exconsejero reduce a 15 ó 20 el número de intrusos y justifica una «política social» que benefició a 6.300 trabajadores

El exconsejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández EFE

MERCEDES BENÍTEZ

Nueva sesión del juicio de los ERE , en este caso la número 35. Está siendo una jornada en la que toda la atención está puesta en saber si dará tiempo o no a que finalice el interrogatorio de Antonio Fernández y empiece el plato fuerte del juicio: la declaración del ex presidente de la Junta, Jose Antonio Griñán.

A la espera de que eso ocurra, Fernández ha dicho en la mañana de este lunes que las ayudas eran iguales a las que daba el Estado.

En su testimonio el exconsejero ha afirmado que, como consejero de Empleo, era el encargado del «impulso político» pero no de las cuestiones técnicas del contenido de los programas.

Según Fernández, hay que situarse en la Andalucia post Expo'92 , cuando llegó una importante depresión política. Una época en la que el paro llegó a alcanzar casi el 34 por ciento. Por ello, ha admitido que los políticos se sentaban con los secretarios generales de los sindicatos para hablar de la concertación. En ese contexto, ha recordado las numerosas crisis de empresas como Santana o de la minería , entre otras.

«Es impensable que un procedimiento se haga para engañar u obviar la legalidad», ha recalcado el procesado que también ha insistido en que una iniciativa de esas características dejaría huella en la Junta de Andalucía.

Pero el principal argumento para su defensa ha sido asegurar que las ayudas de los ERE eran «absolutamente iguales» que las que daba el Estado en base a la orden ministerial del año 1995. «Si no fuera por los fondos, eran absolutamente iguales» , ha dicho insistiendo en que la filosofía de ambas era la misma: lo que se pretendía era procurar «un tránsito digno a los trabajadores hasta la jubilación».

El exconsejero ha querido insistir en la importancia de un programa que ha beneficiado a 6.300 personas en Andalucía y que ha permitido mantener las rentas, los territorios y las comarcas. Y un sistema que, a su juicio, tuvo «aceptación total y unánime en el Parlamento» y nunca fue cuestionado. De hecho, ha dicho que el Gobierno y el Parlamento conocía «esa respuesta social» aunque no se conociera el «modo procedimental» de esas ayudas.

Durante la sesión la defensa ha exhibido un documento firmado en el año 2002 sobre un compromiso de prejubilaciones en la Faja Pirítica de Huelva firmados por el representante del Gobierno central que en aquella época era Juan Ignacio Zoido . «El instrumento utilizado era el mismo, la naturaleza de las ayudas era la misma y el contenido y el importe era el mismo», ha recalcado Fernández.

Además el exconsejero ha defendido que la mayoría de los intrusos eran «sujetos con derecho a la percepción de esa ayuda» aunque no estuvieran en el ERE y ha reducido el número de los supuestos intrusos. Solo ha admitido que puede haber 15 o 20 personas que no están en esa situación y que pueden ser realmente intrusos. La gran mayoría tenían derecho a la ayuda y «así lo ha entendido la administración». En este sentido ha ratificado su declaración ante el Tribunal Supremo donde admitió que podían ser esos 15 ó 20 en los que «concurren supuestos de concesiones claramente fraudulentas que nunca se debieron conceder».

Pero ha recalcado que el 99 por ciento del dinero destinado a esas ayudas cumplía la finalidad pública y que existía «fondo normativo suficiente». En este sentido, el procesado ha dicho que no era competencia del consejero «el control de la legalidad administrativa en cada expediente».

Fernández sigue contestando a las preguntas de su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo.

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