CASO ERE
Fernández se acoge a su derecho a no declarar por encontrarse en estado de «temor»
Tras la intervención del exconsejero de Empleo, ha comenzado la declaración de José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía
El exconsejero de Empleo Antonio Fernández se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar a las preguntas del magistrado Juan Antonio Calle Peña sobre el interrogatorio que la juez instructora Mercedes Alaya sometió a Fernández en abril de 2012 «por temor y sentirse asustado».
En el inicio de la sesión de mañana de este miércoles de la vista oral Antonio Fernández ha tomado la palabra antes de que el tribunal le continuara cuestionando sobre las contradicciones entre su declaración en fase de instrucción ante la juez Mercedes Alaya -por la que esta lo envió a prisión provisional - y la prestada en este juicio.
El exconsejero ha confesado que este martes «me aturdí y me sentí asustado» al no entender el sentido de las preguntas del presidente de la Sala. «No puedo asumir ni reconocer lo que dije», ha advertido.
Fernández, que ha reiterado que se sintió «tenso, aturdido y temeroso», se ha acogido a su derecho a no declarar este miércoles a las preguntas del magistrado porque continúa en ese estado de «temor» y no se siente en condiciones de seguir respondiendo, precisando que las discrepancias entre las declaraciones ante Alaya y en la vista oral « están suficientemente respondidas a preguntas del fiscal y su defensa».
Tras esto, la abogada de la acusación que ejerce el PP-A, Lourdes Fuster, ha solicitado al tribunal, a la vista de la declaración de Fernández, la lectura de un escrito de 22 enero de 2018 presentado por la defensa del exconsejero, Alfonso Martínez del Hoyo, en la pieza separada de la Faja Pirítica sobre la orden ministerial de 1995 de ayudas extraordinarias a trabajadores y que se una a las actuaciones .
El presidente del tribunal ha señalado a la abogada del PP-A que no procede dar lectura al no tratarse de declaraciones del investigado, sino de un escrito de su abogado, instándole a que lo presente como prueba documental a la espera de la resolución sobre la misma.
Concluida la declaración de Fernández, ha llegado el turno del expresidente de la Junta José Antonio Griñán , para quien el Ministerio Público solicita una pena de seis años de prisión y 30 de inhabilitación por un delito de prevaricación y otro de malversación.
Noticias relacionadas
