El exparlamentario andaluz Ramón Díaz Alcaraz (PSOE)
El exparlamentario andaluz Ramón Díaz Alcaraz (PSOE) - ABC
Los clanes de los ERE

Los «falsos funcionarios» de la Junta de Andalucía que tramitaban las ayudas

La cúpula de Empleo enchufó al menos a 13 familiares y afines para que hicieran las funciones técnicas

SEVILLAActualizado:

Usurpación de funciones públicas, prevaricación y colaborador necesario en la malversación. Estos son los delitos que la Guardia Civil atribuye a los miembros del clan que cierra todo el círculo de los ERE, uno de los más interesantes en la maquinaria diseñada por el PSOE para repartir el dinero a su antojo: el clan de la Dirección General de Trabajo.

Este último capítulo se refiere a los familiares y afines que tramitaron las ayudas, no a los que las recibieron. ¿Por qué el sumario del caso lo destaca? Porque fue clave para poder distribuir los fondos eludiendo el control de los fedatarios públicos. La Junta montó un equipo de «falsos funcionarios» a los que dio la encomienda de gestionar los expedientes de los ERE. Ellos firmaron toda la tramitación y dieron al proceso una apariencia de legalidad que durante años funcionó como un reloj.

Pero el sistema se desmoronó cuando una de estas personas, María José Rofa, decidió hablar. Actualmente es el testigo de oro en la causa. Gracias a ella los investigadores han podido descubrir que en la Dirección General de Trabajo, epicentro de la concesión de los ERE, se creó un grupo de «técnicos» con carné del PSOE a los que se les otorgó el papel de fiscalizadores de la institución. Es decir, la administración era el propio partido.

Según explica la UCO basándose en los documentos aportados por Rofa, se establecieron dos puertas de entrada de los afines en Trabajo: la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y la empresa externa Umax. Los sucesivos directores generales de Trabajo daban instrucciones para la contratación de determinadas personas a través de estas dos entidades y desde ahí eran absorbidas por Empleo para realizar las supuestas labores fiscalizadoras. Así fue como entró Ramón Díaz Alcaraz, un histórico socialista que daba el visto bueno a los expedientes como presunto funcionario al tiempo que designaba qué empresas tenían que recibir el dinero. Lo hizo, por ejemplo, con la compañía Saldauto. Varios prejubilados en ese ERE han declarado que Díaz fue su persona de contacto.

Igualmente llamativa es la situación de Manuel Jesús Regidor Piozas y Andrés Jesús Muñoz. El primero es sobrino del director de Trabajo Juan Márquez, mientras que el segundo presidía las Juventudes Socialistas del municipio onubense de Valverde. Ambos, según la Guardia Civil, participaron en «la elaboración de las memorias justificativas de finalidad pública e interés social y económico de las ayudas sociolaborales por parte de la Junta» y llegaron «a resolver algunas de las ayudas investigadas». Sin embargo, la vida laboral solicitada por los agentes indica que eran trabajadores de Umax, una empresa que «no guarda ninguna relación contractual con la Junta».

La testigo María José Rofa señala a diez personas más e incide en que fueron contratadas directamente por los directores generales porque eran de su entorno. Rofa aporta incluso correos electrónicos que prueban esta afinidad. Y sostiene que los altos cargos se rodearon de personas de confianza para que se encargaran del supuesto control de las ayudas.

Es decir, la Junta repartía el dinero a su capricho, sin convocatorias públicas, beneficiando a clanes enteros de familiares y militantes socialistas, y tenía dentro otra red clientelar que se encargaba, presuntamente, de hacer la vista gorda. Cobraban por justificar lo injustificable. Y así lograron que durante más de una década todos los fondos transferidos a la Agencia IDEA para lograr la «paz social» en Andalucía evitando los conflictos laborales en las zonas con mayores problemas económicos se convirtieran en una especie de fondos reservados para usarlos en lo que les diera la gana. Como señores feudales.