POLÉMICA POR EL USO DE LAS TARJETAS FAFFE EN PROSTÍBULOS
La Faffe, una inagotable fuente de problemas políticos
Desde que empezó a investigarse, la extinta fundación de la Junta ha estado envuelta en polémicas y acusaciones de fraude
Cuando el consejero de Empleo José Antonio Viera fundó la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, Faffe, probablemente no imaginaba que este nuevo ente, previsto para facilitar la gestión dentro de la propia Junta y facilitar subvenciones a los parados, se iba a convertir en un verdadero quebradero de cabeza para los siguientes gobiernos socialistas en la Junta. En particular para Susana Díaz.
Pero lo cierto es que, desde que se extinguió en 2011 y, sobre todo desde que sus expedientes llegaron a los tribunales en el marco de la investigación de los cursos de formación, la Faffe ha sido protagonista de numerosos titulares escandalosos . Empezando por el enchufismo de la Fundación —el atestado de la UCO lo calificó como «una agencia de colocación del PSOE andaluz»— hasta la escandalosa contratación del exregidor de Montellano Francisco Aguilera Acevedo, a quien los investigadores de la Guardia Civil definían como «personal no cualificado y que no desarrollaría tareas productivas».
En noviembre de 2003, el histórico regidor fue fichado con la categoría de «técnico» por la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), pero, a juicio de seis antiguos compañeros suyos, la mayor parte del horario de trabajo lo ocupaba durmiendo y leyendo la prensa . Aguilera era uno de tantos «trabajadores satélites» en una plantilla sobredimensionada. Así eran denominados entre los empleados de la Faffe aquellos cuya función consistía en «dar vueltas».
La Fundación Faffe se extendió por todas las provincias andaluzas, y desde ahí gestionaba las subvenciones que le entregaba directamente la Consejería de Empleo . Al entrar el dinero en la llamada administración paralela de la Junta, se perdía el control de esos fondos.
Y todo ello sin tener en cuenta los sueldos que ganaban los directivos. El número dos de la Faffe , Joaquín Morales, que era director de Organización, reconoció que cobraba un sueldo de 95.000 euros al año «porque eso era lo que ponía en el convenio colectivo que firmó Javier Guerrero» (el exdirector de Empleo que está imputado en el caso ERE).
Así, los grupos políticos andaluces, sobre todo el PP, Podemos e IU, han denunciado la pérdida de más de 300 millones de euros de fondos públicos que se gastaron sin control. Nunca faltó dinero en la fundación y prueba de ello es que pocos días antes de que se extinguiera en 2011, recibió una transferencia de 50 millones de euros. Una cantidad de la que nada se ha sabido.
Sin control
En este contexto, l as últimas investigaciones judiciales han descubierto que había al menos dos tarjetas de crédito a nombre del gerente de la Faffe, Fernando Villén y, según parece, otras tantas «de gasolina» aunque no está confirmado cuántas de estas existían ni tampoco cómo se controlaban o cuánto dinero gastaron en los viajes.
Porque también se ha sabido que había hasta 13 cajas fuertes en las diferentes sedes de la Faffe tanto en la central como en las provincias donde había dinero en efectivo. No se conoce cómo se controlaba este dinero, ni quién o quiénes eran los responsables de controlar el mismo. Tampoco la cuantía exacta del dinero que se guardaba en esas cajas fuertes.
Sin papeles
Tanto Podemos como el PP han sido muy críticos con la gestión de la Faffe y así lo mostraron por escrito en las conclusiones de la comisión de investigación de la formación donde esta fundación tuvo un papel relevante ya que empezaron a conocerse algunos de los entresijos de la misma.
El diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe y la del PP Teresa Ruiz Sillero pidieron numerosa documentación al respecto que nunca llegó a sus manos . Los diputados nunca recibieron las auditorías de gestión que realizaron empresas especializadas cuando su liquidación en el año 2011; tampoco el listado de personal contratado en la Faffe; tampoco los informes que alertaban de irregularidades en el pago de las nóminas de los trabajadores por un importe de dos millones de euros, ni las adjudicaciones de obras y servicios que hacía para los cursos ni tampoco las subvenciones que recibía y luego entregaba a empresas privadas para los cursos.
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